El GAFI movió y ahora la responsabilidad es de la Justicia –Por Leandro Renou

La decisión del GAFI -organismo creado por el G-7 en el que miden fuerzas Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China, Alemania y donde tienen voto el FMI y el Banco Mundial- es, por un lado, un estímulo para que el Poder Ejecutivo se comprometa con el combate al robo de guante blanco; y es a la vez un pase de primera a la Justicia nacional, que deberá probar ahora si está a la altura.

La frase no es una metáfora: el 100% de los casos de lavado de activos y fuga de capitales en forma ilegal están relacionados al poder económico concentrado, y no distinguen rubros. Si se hace una rápida mirada a las causas más resonantes, como la cueva de dólares del BNP Paribas, las denuncias del ex JP Morgan, Hernán Arbizu, y hasta los casos que avanzan en materia de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en Tigre, se verá que hay allí involucradas empresas industriales, del azúcar, los medios de comunicación, la energía, el sector financiero-bancario y alimenticias.

Todas ellas asesoradas por un grupo selecto de abogados y con un poder de lobby que ha logrado que todos los procesos judiciales en marcha se hayan dilatado y hasta congelado por años. La movida del GAFI, en síntesis, premia el cambio político para contener estos crímenes, pero no los resuelve. Una cosa es la prevención y otra la investigación y posterior solución de estos temas.

Más allá de lo dificultosa que es la investigación de estas cuestiones y más allá de la intención de vincular al lavado con delitos en la esfera privada, todas y cada una de las causas iniciadas le pagan directamente a la estructura nacional en materia de pérdida de dólares. Un documento reciente del Cefid-Ar, cuantifica en U$S374.000 millones el fenómeno de la exteriorización de divisas. Por supuesto, esos montos serían bajo carriles legales. Las fugas ilegales, según fuentes del sector bancario, son bastante mayores.

Hoy, la mayor parte de la causas de lavado de activos están paradas, o con escasa definición. Hay pocos procesados en denuncias en las cuales ya hay prueba suficiente como para que haya detenciones. Esto denota una sumisión de uno de los poderes del Estado ante el poder económico. Y aquí no se habla de dilaciones sólo de los magistrados, sino de los fiscales, que son mayormente los mismos en las causas más resonantes del país.

En pocas palabras, los casos de lavado de activos van a continuar desarrollándose en el país. La tarea del Ejecutivo es vigilarlos, prevenirlos y denunciarlos. La de la Justicia, llevarlos hasta las últimas consecuencias con independencia y seriedad. Esto último, aún no ha ocurrido.