El largo endeudamiento externo, su reversión y los buitres – Por Tomás Lukin

Amontonar deuda

El 69% de los títulos de deuda externa en poder de los fondos buitres que demandan al país en las cortes de Estados Unidos fueron emitidos durante el Megacanje en 2001. El 31% restante corresponde a emisiones regulares entre 1996 y 2001, en pleno auge del modelo neoliberal de valorización financiera. Los buitres, grandes bancos de inversiones carroñeras, adquirieron deuda argentina luego de la crisis de 2001-2002 a un precio promedio del 30% del valor nominal de los títulos (invirtieron 3400 millones de dólares, aproximadamente). Esas inversiones netamente especulativas fueron realizadas con el único objetivo de iniciar demandas judiciales y realizar ganancias extraordinarias. Los buitres rechazaron ingresar al canje de 2005 (y su segundo tramo en 2010) donde se reestructuró el 92,4 por ciento de la deuda en cesación de pagos. Incluso con la quita promedio del 65 por ciento, la extensión de los plazos hasta 2038 y la reducción de los intereses, participar de la reestructuración les hubiera arrojado una abultada rentabilidad por su inversión especulativa.

El fondo NML Capital, propiedad del hedgefundElliot Management, adquirió los bonos por los que reclama en la justicia de Estados Unidos en 2008. En ese momento no solo se cumplían siete años del default sino que ya habían pasado tres años del primer tramo de la reestructuración de la deuda. La compañía propiedad del magnate Paul Singer desembolsó entonces 48,7 millones de dólares para comprar bonos por un valor nominal de 222,6 millones de dólares. El fallo del juez de primera instancia Thomas Griesa no solo le reconocen el 100% del valor nominal sino que también les permite reclamar vencimientos de capital e intereses impagos y punitorios acumulados desde el default. Con esa fórmula judicial le correspondería cobrar al fondo NML Capital 832 millones de dólares, una tasa de retorno extraordinaria de 1608%.

Los carroñeros de las finanzas internacionales son el resultado más marginal del proceso de liberalización financiera que ocurrió desde finales de la década de los ’70 a escala mundial y que tuvo su inicio con la “crisis del petróleo”. Antes del inicio del proceso de globalización financiera, Argentinapresentaba indicadores de endeudamiento bajos y estables. La deuda externa total, públicay privada, contraída hasta entonces fundamentalmente con organismos multilaterales ygobiernos, osciló en un rango de 10 a 15% del PIB entre comienzos de los años sesenta y mediados de los setenta. Uno de los factores determinantes que impulsaron los procesos de endeudamiento externo (y un cambio en su configuración) fue la escalada del precio internacional del petróleo a comienzos de la década del setenta. Esos flujos de esos petrodólares fueron facilitados en el plano interno a través de la profunda reforma de liberalización financiera de 1977 llevada a cabo durante la última dictadura militar por el ministro de Economía, José Alfredo Martinez de Hoz. Esa reforma estuvo acompañada por el progresivo levantamientode los controles cambiarios a las operaciones privadas por cuenta de capital, entre 1978 y 1980. El proceso de apertura financiera irrestricta y endeudamiento se aceleró a partir de 1990 con el Plan Brady y los programas de “estabilización” del FMI.

La dinámica de sobreendeudamiento que comenzó a mediados de la década del setenta constituyó desde entonces en una restricción para el crecimiento económico y una fuente de fragilidad financiera para el país. Al mismo tiempo, el modo de acumulación que garantizaba esa dinámica tenía como condición necesaria la pauperización de los sectores populares que se expresó en las altísimas tasas de desempleo y precarización de las condiciones laborales alcanzadas.

Antes de embarcarse en operaciones como el Blindaje y el Mega-canje (que fueron acompañados por violentos ajustes del gasto), hacia finales del año 2000, la deuda externa del país ascendía a los 80.000 millones de dólares. Luego del Mega-canje, el pasivo externo aumentó hasta los 88.000 millones de dólares y para el año 2003 alcanzaría la suma de 102.000 millones de dólares. Pero los alcances son más profundos, previo al Mega-canje se calculaba que Argentina debía pagar entre 2001 y 2031 la suma de 60.500 millones de dólares en concepto de vencimientos de su deuda. Luego de la operación, ese valor se incrementaría en un 63% y llegaría a los 98.400 millones de dólares. Además, la deuda pública total pasaría de los 124.400 millones de dólares a los 126.600 millones de dólares. Por su parte, los intereses de la deuda treparían de los ya impagables 82.300 millones de dólares hasta los 120.700 millones de dólares.

El desendeudamiento

A partir de 2005 comenzó el proceso de regularización de pasivos en default y desendeudamiento que permitió al país comenzar a extirpar una de las principales restricciones para recuperar soberanía y grados de libertad en el diseño de la política económica. El Canje de la Deuda de 2005 constituyó uno de los procesos de reestructuración más exitosos de la historia por la magnitud de la adhesión, las condiciones de la operación y el subsiguiente desempeño macroeconómico del país. Esa operación permitió la regularización del 76% de los bonos después del default en diciembre de 2001. Fue la operación con la quita más importante de la historia, alrededor del 66%, con una significativa reducción de las tasas de interés, la extensión de los plazos hasta 2038.

La cancelación anticipada de la deuda con el FMI a comienzos de 2006 (9530 millones de dólares) permitió reducir la deuda externa un 14% adicional. En 2010 se llevó a cabo una segunda operación de canje de deuda. La reapertura de la operación elevó el grado de adhesión hasta el 92,4 por ciento. Pero el proceso de desendeudamiento y administración de pasivos continuó: desde 2011, Argentina garantiza el pago de los vencimientos de deuda con tenedores privados a través del uso de las reservas del Banco Central y en 2013 se alcanzó un acuerdo con compañías que tenían fallos favorables en el CIADI para que levanten sus demandas a cambio de un pago con bonos. El último hito en el proceso de regularización de la deuda pública fue el acuerdo con los 19 países acreedores del Club de París.

El cumplimiento de todos los compromisos de deuda asumidos por el actual proyecto político desde 2003 implicó pagos de deueda por cerca 190.000 millones de dólares de capital e intereses, de los cuales 100.000 millones fueron pagos en moneda extranjera. Un esfuerzo sideral para un país que no accedió a los mercados voluntarios de deuda para financiar esos pagos.

El proceso de desendeudamiento, estuvo acompañado por una favorable reconfiguración de la estructura de los pasivos del país. En 2003 el total de la deuda bruta del sector público nacional representaba el 139% del PBI; durante 2013 cayó hasta el 40%. Pero la transformación es más relevante cuando se considera la deuda neta de acreencias intra sector público (bonos en poder de organismos estatales). En ese caso, la deuda con el sector privado y organismos multilaterales el pasivo desciende al 16% del PIB (el 10,6% es deuda con privados). Pero además, hoy solo el 14 por ciento de la deuda está emitido bajo legislación extranjera.

¿Negociar con buitres?

La implementación del fallo de la justicia de Estados Unidos que obliga a la Argentina a pagarles 1500 millones de dólares a los fondos buitres si quiere cancelar los vencimientos de deuda con el 92,4% de los acreedores que ingresó al canje conduce a un default inducido legalmente. Frente al agotamiento de las instancias legales –luego del rechazo a la revisión de la Corte Suprema norteamericana- el Gobierno reclama la apertura de un ámbito de negociación que permita hallar un mecanismo de pago “justo, equitativo y legal”, escenario que hasta ahora no fue facilitado.

En las condiciones actuales, las reglas de juego del sistema financiero fuerzan a una “negociación” que debería resolverse antes del 30 de julio, si Argentina busca evitar ser considerada en default inducido legalmente (un término inexistente) por no cursar sus pagos de deuda. Se trata de “negociar” con un arma en la cabeza, con un demandante que no pretende ceder, con un árbitro parcial y con el riesgo de infringir la ley ya que la legislación local y las clausulas de los bonos reestructurados prohíben pagarle en mejores condiciones, al menos hasta fin de año. El escenario cambia todos los días y la disputa legal, aunque tiene a los buitres como ganadores, sigue abierta.