Energía y Minería defendió el proceso de “transición hacia la normalidad en el sector energético”

El Ministerio de Energía y Minería defendió el proceso de “transición hacia la normalidad en el sector energético” -a través de la revisión tarifaria integral (RTI) en los servicios eléctrico y gasífero- y descartó la viabilidad de un criterio de graduación en los aumentos, en respuesta a un planteo del bloque de diputados del Frente Renovador, según la respuesta que se conoció hoy.

Los legisladores señalaron en sun planteo que “el atraso tarifario, producto del gobierno kirchnerista, era insostenible”, no obstante lo cual se hubiera podido “implementar un plazo de ocho años para re equilibrar las tarifas, aumentando el gas por trimestre 6% por encima de la inflación y la electricidad 8%; así hoy las tarifas serían un 50% más baratas y el impacto social mucho menor”.

La cartera que conduce Juan José Aranguren, sin embargo, replicó -según el texto al que accedió Télam- que esa vía “hubiera hecho imposible la reducción del déficit” de las cuentas públicas, mientras “el endeudamiento del Estado tendría que haber sido mucho mayor para financiar ese mayor déficit”.

El Ministerio recordó, en su respuesta a los parlamentarios, que al asumir la nueva administración gubernamental en diciembre de 2015 “el déficit del sector energético era de US$ 17.700 millones”.

De ese total, la brecha para electricidad era de US$ 11.100 millones (el precio promedio pagado por la demanda cubría sólo 11% del costo de generación de Cammesa) y para el gas ascendía a US$ 6.600 millones (la demanda sólo pagaba en promedio el 44% del precio al productor y a la importación).

A esto se sumaba el retraso tarifario de las distribuidoras Edenor y Edesur, cuyas tarifas habían aumentado entre 2001 y 2015 un 37% promedio, y menos de 200% para las distribuidoras y transportistas de gas, mientras “en ese mismo período los salarios subieron casi 1.700%”.

El paradigma regulatorio vigente hasta 2015, continúa la respuesta de Energía y Minería, “se caracterizó por dar insuficientes incentivos a la inversión, con un marcado deterioro de la seguridad energética del país y la calidad del servicio técnico, y un esquema de subsidios generalizados que, con el tiempo, se convirtieron en un problema fiscal, macroeconómico, ambiental, federal y de distribución”.

Se propuso así “un sendero de reducción de subsidios que logre un suministro más equitativo y federal, que garantice su sostenibilidad en el tiempo, que subsidie a quienes lo necesitan, a la vez de fomentar el ahorro y el consumo eficiente”, añadió la cartera.

La respuesta a los diputados renovadores destaca asimismo la instrumentación de “herramientas de protección a los sectores más vulnerables, a través de la creación e implementación de Tarifa Social Federal y la continuidad del Programa Hogar”.

Por último, el Ministerio afirma que con un criterio gradual, como el sugerido por los legisladores, “no se podría haber encarado el programa de inversiones de $ 47.000 millones que Edenor y Edesur están encarando para mejorar la calidad del servicio”, ni
se hubiera podido “invertir en nueva generación térmica y renovable, al igual que con gas natural”.