FISCAL PIDIÓ LA INDAGATORIA DE CAPUTO Y QUINTANA POR SUPUESTOS DELITOS COMETIDOS EN LA NEGOCIACIÓN CON FONDOS BUITRE

Delgado imputó a Caputo -ex ministro de Finanzas y ex presidente del Banco Central- y a Quintana -ex secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete- por la supuesta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y tráfico de influencias.

Fuentes judiciales informaron a NA que el pedido de indagatoria dirigido al juez federal Sebastián Casanello alcanza también a Santiago Bausili, ex subsecretario de Finanzas Públicas y actual secretario del área y al jefe de Legal y Técnica del Ministerio de Hacienda, Marcelo Eugenio Griffi.

Según el escrito presentado, todos están imputados por presuntamente haber favorecido a entidades internacionales con las que tenían vínculos, como Deutsche Bank y el JP Morgan, agentes encargados de la negociación con los fondos buitre.

“Surge con claridad una confusión de intereses derivada de una lealtad partida. En efecto, algunos funcionarios públicos tenían compromisos específicos con algunos de los bancos que llevaron adelante la operación. Esos compromisos generan un grado de sospecha sobre su imparcialidad, porque esa historia incidió en algunas de sus decisiones que debieron estar guiadas por el interés general, pero que terminaron beneficiando a sus ex empleadores”, evaluó Delgado en su dictamen.

En ese sentido, consideró que los funcionarios denunciados “aprovecharon la ventaja derivada de su posición estratégica en el sector público y tomaron decisiones de inversión personales en base a información que conseguían a partir del conocimiento de las políticas que ellos mismos iban a adoptar”.

Por otra parte, también hizo referencia al contexto de la renegociación con los tenedores de bonos que no ingresaron a los dos canjes de deuda que hubieron durante el kirchnerismo y que se conoce como “holdouts”.

“Como resultado de todo ese proceso se emitieron nuevos títulos de deuda denominados -BONAR- para afrontar el pago de los acuerdos que arribó a los U$S12.500 millones, aunque se elevó a la suma de los U$S16.500 millones”, expresó el fiscal y agregó que “los títulos fueron cedidos a bancos extranjeros como garantías para la obtención de fondos externos”.

“En lo que aquí interesa, vamos a destacar la intervención del Deutsche Bank y el J.P. Morgan”, ya que el Banco Central argentino informó que “esas operaciones trajeron aparejadas ganancias para los bancos designados, tanto en concepto de comisiones como en el posterior canje de aquellos títulos en el mercado secundario”.

Al respecto, remarcó que el 20 de febrero pasado se recibió el informe confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, donde se muestra “la estructura de una determinada cantidad de títulos de deuda pública emitidos por el Estado, por una parte, y por la otra, las tenencias que ciertos funcionarios públicos poseen sobre algunos de esos valores”.

“Por ello su lealtad, que debía estar solo guiada por los intereses generales del Estado, se vio dividida. Y como resultado de esa división, ganaron los bancos citados y se incrementaron sus patrimonios personales”, agregó.