Junqueras negó hoy ante el Tribunal Supremo español haber destinado dinero público al proceso de secesión

El ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras negó hoy ante el Tribunal Supremo español haber destinado dinero público al proceso de secesión, defendió la legalidad del referéndum del 1 de octubre del año pasado, y acusó al juez que lo investiga de pretender anular el movimiento independentista.

“No se ha dedicado un sólo euro del presupuesto al ‘procés’ (proceso)”, dijo Junqueras, que también ejercía como consejero de Economía, ante el magistrado del Supremo Pablo Llarena, en respuesta a las preguntas que le hizo su abogado, Andreu Van Den Eynde, según fuentes judiciales.

La declaración coincide con la publicación de una entrevista del diario El Mundo al ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, donde el actual responsable de supervisar las finanzas de Cataluña asegura que no se utilizó dinero público para financiar la votación, que había sido declarada ilegal por la Justicia española.

El juez Llarena citó a Junqueras, y a los dirigentes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, quienes se encuentran en prisión preventiva desde hace seis meses, para tomarles declaración indagatoria, y comunicarles los delitos por los cuales se los juzgará.

Durante la audiencia, el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que está procesado por rebelión y malversación de fondos públicos, negó los delitos e hizo un alegato a favor de la “autodeterminación” de Cataluña y el diálogo.

“Estamos ante un conflicto político que se tiene que solucionar desde la política y nunca judicializándolo y criminalizándolo”, dijo Junqueras, quien cree que el proceso judicial contra la cúpula del movimiento secesionista pretende “anularlo” y recortar los derechos políticos de quienes los apoyan.

Asimismo, el dirigente independentista dijo que “celebrar un referéndum no es delito”, y “nunca puede serlo en democracia”. Y también rechazó que se haya actuado violentamente, ni que se haya “promovido o tolerado la violencia con finalidades políticas”.

“Somos independentistas, pero antes de independentistas somos demócratas y militantes de la no violencia”, subrayó el ex vicepresidente, alegando además que el tribunal supremo no es competente para juzgarlo y que todo el proceso en su contra “vulnera el principio de legalidad” por no adecuarse a los hechos.

A su turno, Sánchez, también en respuesta a las pregunta de su propio abogado, rechazó los delitos que se le imputan, y se enfrentó al juez Llarena, quien la semana pasada le denegó la excarcelación por segunda vez consecutiva para asistir a su propio pleno de investidura, defendiendo que su accionar ha sido siempre pacífico.

El último en declarar, Jordi Cuixart, leyó un alegato en defensa de la autodeterminación de Cataluña y denunció que se están vulnerando los derechos fundamentales de los catalanes, como el derecho de reunión y manifestación.

En simultáneo, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tomó declaración a la cúpula de los Mossos d’Esquadra, la policia catalana, a la que le atribuye delitos de sedición y organización criminal, en relación con el proceso de secesión catalán.

En sus breves intervenciones, los acusados, con el ex jefe de los Mossos Josep Luís Trapero a la cabeza, negaron los hechos, de acuerdo con fuentes judiciales.

La defensa de Trapero, por su parte, presentó un recurso contra su procesamiento en el que negó haber puesto a la policía catalana al servicio del proceso de secesión, aseguran que ni él ni la cúpula policial compartían el plan de celebrar un referéndum.

El resto de los imputados que se encuentran en prisión preventiva en España están citados a declarar mañana y el miércoles ante el Tribunal Supremo español, mientras el máximo responsable del proceso de secesión, el ex presidente Carles Puigdemont, sigue pendiente del proceso de extradición abierto por la Justicia alemana, que rechazó extraditarlo por rebelión al no apreciar “violencia” en el proceso de secesión catalán.

En tanto, la Justicia de Bélgica, Escocia y Suiza también tienen en sus manos la extradición de otros cinco ex dirigentes catalanes que se encuentran en esos países y están procesados por los mismos delitos.
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