LA CORTE AFIRMÓ QUE LOS EXTRANJEROS DEBEN SER INFORMADOS SOBRE SU DERECHO A ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

En medio de la discusión sobre la expulsión de extranjeros que delinquen, la Corte Suprema de Justicia se expidió hoy en un caso de un ciudadano uruguayo y aseguró que los inmigrantes tienen derecho a contar con asistencia jurídica gratuita en los procesos de deportación y deben ser informados al respecto.

Los jueces aseguraron que “el derecho al patrocinio letrado gratuito y obligatorio en favor del migrante sobre quien pesa una orden de expulsión incluye que ese derecho le sea comunicado en tiempo oportuno”.

“Esta conclusión no debe ser entendida como una valla para que un Estado democrático defienda a sus ciudadanos de aquellos extranjeros que no sepan aprovechar la oportunidad que nuestro país les brinda para intentar progresar en paz sino que, en cambio, debe verse como una reafirmación del mandato categórico de respetar la Constitución Nacional y las leyes de la República, incluso frente a aquellos que las han agraviado”, expresó el máximo tribunal.

En el caso del uruguayo, la Corte Suprema se expidió en contra de su recurso, que rechazaba la sentencia de cámara que había resuelto que no se encontraba habilitada la revisión judicial de la medida administrativa por la cual se había ordenado su expulsión del país.

En 2007, la Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular la permanencia en la Argentina de este hombre y ordenó su expulsión, con prohibición de reingresar al país por el término de ocho años, fundado en sus antecedentes penales.

Al momento de notificarle la decisión, se hizo saber que podía presentar recursos contra ella y el plazo para hacerlo, sin hacer alusión expresa al derecho a ser representado por un letrado en forma gratuita previsto en el artículo 86 de la Ley de Migraciones 25.861 en su texto vigente en ese momento.

En esa ocasión, el migrante manifestó expresamente su voluntad de recurrir la medida, detalló el CIJ.

En 2011, compareció en el expediente administrativo la Defensoría de Ejecuciones Fiscales Tributarias (que por entonces tenía a su cargo la asistencia letrada de los migrantes) e impugnó la orden de expulsión en representación del actor, al sostener que el extranjero desconocía su derecho de asistencia jurídica gratuita.

La Dirección Nacional de Migraciones rechazó el planteo de la Defensoría y luego la Justicia determinó que el interesado había dejado vencer el término para deducir los recursos administrativos.

El caso llegó a la Corte Suprema, que ahora rechazó el recurso del ciudadano uruguayo, pero sentó postura sobre la cuestión de fondo.

Los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti entendieron que el recurso era inadmisible en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En disidencia, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco entendieron que el recurso es admisible toda vez que la resolución que denegó la habilitación de instancia judicial es equiparable a una sentencia definitiva.