LA JUSTICIA AVALÓ A LA PROVINCIA AL DESESTIMAR REINTEGROS EN EL CASO ASTILLERO

El juez Francisco Terrier, a cargo del juzgado contencioso administrativo 3 de La Plata, desestimó el reintegro de descuentos en los salarios a los trabajadores de Astillero Río Santiago solicitado por el gremio.

Se trata de la quita del plus por productividad que la provincia había eliminado de los salarios de algunos gremialistas, quienes habían recurrido a la Justicia.

El fallo se conoció luego de que, tras varias auditorías, el presidente del Ente Administrador del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila, presentara ante el fiscal general una denuncia contra la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Ensenada por administración fraudulenta agravada, por ser en perjuicio de la administración pública.

La Justicia considera que fueron presuntos actos administrativos irregulares destinados a desviar sumas de dinero en favor de ATE Ensenada y de contrataciones injustificadamente onerosas y gravosas en perjuicio de Astillero Río Santiago, se indicó.

Puntualmente, Capdevila denunció erogaciones en favor de ATE “sin respaldo legal alguno” en 2015 por una suma de 18.560.000 pesos; y 2014, por 701.920 pesos.

Hay indicios, según lo denunciado, de la existencia de otras irregularidades tales como “vehículos utilizados a nombre de otras personas; viviendas suntuosas no acordes a ingresos, aportes de campaña a partidos políticos -en el caso al Frente para la Victoria-, proveedores ligados a empleados”, entre otras.

También se denunció a la gerencia del Astillero Río Santiago por la “ilegal omisión de retener porcentuales de sumas correspondiente al Impuesto a las Ganancias de trabajadores del Astillero”: la AFIP determinó una deuda de 67.920.028 pesos por el período que va de enero de 2011 a diciembre de 2012.

A esas anomalías, expuestas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, se agregan otras en diversas contrataciones de la firma naviera que, según señala la denuncia, generaron “gravosos desembolsos del patrimonio del Astillero para favorecer a empresas contratistas, sospechosamente vinculadas con ATE o con algunos de sus principales directivos o referentes”.