La Rufo – Por Alfredo Zaiat

Foto: TELAM

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Ese frente financiero sigue abierto y los bonos de la deuda argentina continúan con cortizaciones firmes, desmintiendo en los hechos al coro de voces del establishment que publicitan la existencia de un default de la deuda argentina.Como el mercado financiero internacional entiende que se trata de una negociación por millones de dólares a partir del bloqueo dispuesto por Griesa, y no de un “default” por insolvencia o falta de voluntad de pago, las cotizaciones de los títulos públicos argentinos están cotizando por encima de los valores de julio pasado, cuando irrumpió en toda su dimensión la disputa con los fondos buitre.

Argentina no pisó el palito de la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO) contenida en los contratos del canje de deuda en default de 2005 y 2010. Esa autoexigencia incluida en esas dos operaciones financieras expiró el último día del año que acaba de terminar. No hubo negociación oficial luego de la convalidación por parte del Poder Judicial estadounidense del fallo del juez Thomas Griesa, sentencia con una interpretación inédita y extrema del principio pari passu (igual trato a los acreedores). En más de una ocasión, el Gobierno indicó que aceptaba el fallo aunque igualmente lo consideraba extravagante y que, pese a ello, pagaría la sentencia pero en condiciones “justas, equitativas, legales y sustentable”. No hubo un repudio de Argentina al contrato de emisión de los bonos en default, reconocido como válido para el canje 2005 y 2010, y por lo tanto lo sigue siendo. Lo que se está discutiendo, antes de la RUFO y ahora sin esa limitación, es cuál será el costo del acuerdo con los fondos buitre.

Durante los últimos meses de vigencia de la cláusula RUFO, y a partir de ahora con ese horizonte despejado, el mensaje que fluye desde las usinas de la city es que un acuerdo con los buitres beneficiaría a la Argentina en términos macroeconómicos. Es obvio que es mejor un acuerdo que seguir teniendo abierto un frente financiero hostil. La clave es definir cuál es el costo de ese acuerdo, recordando que los recursos involucrados serán transferencias de los contribuyentes argentinos (fondos del Estado obtenidos por impuestos o deuda que luego deberá pagarse) a protagonistas que están alterando el funcionamiento del sistema financiero global. El FMI, los grandes bancos internacionales y las Naciones Unidas, con más o menos énfasis, están preocupados por el accionar de los fondos buitre y plantean la necesidad de definir un marco de reestructuración de deudas soberanas para prevenir este tipo de litigios perturbadores.

La negociación, ahora sin la cláusula RUFO, no es sólo con los fondos buitre que obtuvieron el fallo favorable en los tribunales de Nueva York, sino que también se han ido incorporando otros buitres y holdouts. Ya no son los 1330 millones de dólares de la sentencia original, suma que se ha ido actualizando (hoy se ubicaría en unos 1700 millones). El cálculo más conservador incluyendo a los me too (acreedores que se presentaron en el juzgado de Griesa reclamando lo mismo por sus bonos en default) eleva ese monto a 6500 millones y hasta 25 mil millones con el total del 7,6 por ciento de los acreedores que no ingresaron al canje.

La cláusula RUFO fue establecida para conseguir más adherentes al canje de deuda y está ligada al principio pari passu. El objetivo de ambas condiciones era garantizar la igualdad entre acreedores, locales o extranjeros, de grandes fondos o pequeños inversores. La RUFO fue una reafirmación del pari passu. Pero Griesa interpretó en forma extravagante el criterio de igual trato a los acreedores, al sentenciar que sólo se cumple si todos cobran sin importar que unos reciban más que otros. Ahora, sin la RUFO, se abre otra etapa en la negociación, donde se verá cuál será el incentivo para alcanzar un acuerdo. El Gobierno reconoce que recuperó iniciativa política a partir de la pelea con los buitres y, en un año electoral, es poco probable que abandone esa carta que tantos réditos le ha proporcionado, mientras que los buitres especulan con que un nuevo gobierno en 2016 puede ofrecerles una mejor propuesta. En general, quienes entienden de este tipo de negociaciones dicen que el beneficio de cumplir los contratos es bastante superior al de no hacerlo. Pero también señalan que en algunas ocasiones (por ejemplo, con la sentencia de Griesa) resulta complicado alcanzar un acuerdo, porque el costo del cumplimiento supera el del incumplimiento, ya sea para unos y otros.