Médicos rechazan reforma laboral

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) rechazó el paquete de reformas laboral, previsional y tributaria que impulsa el gobierno nacional y “su impacto en el sistema de salud y en la vida de los trabajadores activos y jubilados”, y advirtió que “la campaña para imponerlas es acompañada por un bombardeo publicitario que tilda de mafiosa a la lucha sindical y la defensa de los derechos en los tribunales del trabajo”.

El titular del gremio, Jorge Yabkowski, anunció una Jornada Nacional de Sensibilización y Difusión sobre la CUS y las reformas para el 15 de este mes, que incluirá asambleas en los hospitales y centros de salud de todo el país, y una marcha en rechazo de ese sistema de cobertura desde el Obelisco hacia la cartera de Salud para el 1° de diciembre.

El dirigente gremial señaló hoy que para deslegitimar el rechazo social a esas reformas, “la campaña incluye otorgar voz como únicos opositores a los funcionarios del gobierno anterior que tienen procesos judiciales por corrupción, pero ignora a otras voces”.

“Como lo expresó la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en la ciudad de Olavarría, ‘el objetivo del gobierno es crear zonas de trabajo libres de la extorsión sindical’, es decir, libres de sindicatos, al estilo de los enclaves asiáticos o centroamericano. Por ello ese paquete recrea la ya fracasada teoría del derrame: beneficios a los empresarios para que ganen dinero, generen puestos de empleo y, con eso, disminuyan la pobreza. Fue la promesa de los ’90”, afirmó Yabkowski.

El dirigente sindical, enrolado en la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), añadió que en aquellos años “se cumplió la primera parte, la de los beneficios empresariales, aunque el derrame nunca llegó y, ahora, la reforma laboral incluye la rebaja de aportes patronales, la extensión del régimen de pasantías, (trabajo precario juvenil), la disminución de indemnizaciones, la limitación de horas extras y el acortamiento de los plazos para que el personal inicie una demanda judicial”, entre otros puntos.

El proyecto crea “la figura del trabajador independiente ‘dependiente’, que puede tener ‘colaboradores’ sin derechos con hasta cuatro empleados, favoreciendo la proliferación de minipymes por afuera de la ley madre, en tanto las empresas no tendrán responsabilidad solidaria con sus subcontratistas, creando precarización laboral absoluta”.

“En la iniciativa oficial desaparece la responsabilidad patronal en los despidos. Su costo se financiará con un fondo de aportes mixtos (patronal y trabajador) que será regulado por cada convenio colectivo. La disminución de los aportes a la seguridad social se compensará de forma presunta con el blanqueo laboral a costo cero. Ese blanqueo retroactivo extingue las causas pendientes por falta de aportes”, expresó.

Para Yabkowski, unido a ese paquete se anuncia una vuelta de tuerca sobre derechos y libertad sindical y, según el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, “si un país sin sindicatos es imposible al menos que los que haya sean pocos y dóciles ante el poder”, reseñó.

“El gobierno quiere llevarse puesto el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los fallos de la Corte Suprema sobre libertad sindical y regresar al unicato. A cambio, esos dirigentes se salvarían de procesos judiciales y continuarían al frente de sus negocios en la salud privada, administrando los fondos de la Cobertura Universal Solidaria (CUS)”, dijo.

El dirigente subrayó que el cambio de cálculo de los ajustes de haberes previsionales permitirá al gobierno ahorrar entre 50 y 100 mil millones de pesos, pero las provincias estarán afectadas por la Ley de Responsabilidad Fiscal, los aumentos de las alícuotas para productos regionales y la disminución del impuesto de sellos e ingresos brutos.

Además, el 85 por ciento de los servicios de salud pública está en manos provinciales. “La consecuencia sobre el salario de los trabajadores y el servicio serán obvias. El presupuesto no contempla partidas que compensen con fondos federales la caída de ingresos para los servicios sanitarios públicos. Junto a la disminución de las actualizaciones previsionales, los distritos con cajas no transferidas sufrirán la exigencia de la armonización previsional, que es el ajuste a la baja de los haberes jubilatorios y el aumento de la edad para alcanzar el beneficio. El paquete supera al del ’90”, concluyó.