Milagro Sala inició huelga de hambre seca tras haber sido trasladada a una cárcel federal en Salta

La dirigente Milagro Sala inició  una huelga de hambre seca ayer, tras haber sido trasladada a una cárcel federal en Salta, mientras su defensa presentó un Habeas Corpus exigiendo a la Corte Suprema de Justicia el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictó la prisión domiciliaria para la dirigente.

“Milagro Sala inició una huelga de hambre seca tras ser trasladada arbitrariamente al Penal Federal de Salta”, anunciaron voceros de la dirigente en las redes sociales, luego de que fuera notificada este martes a las 22:00 de su traslado al Complejo Penitenciario Federal III de la localidad salteña de Güemes.

En paralelo, además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), y Amnistía Internacional Sección Argentina presentaron ante la Corte IDH una denuncia por el “palmario incumplimiento de las medidas provisionales dictadas” por ese organismo y ratificadas por la Corte Suprema.

La presentación hecha por la defensa de Sala ante la Corte Suprema señala que la decisión del juez Pablo Pullen Llermanos “hace incurrir al Estado argentino en responsabilidad internacional, en tanto implica incumplir resoluciones que son obligatorias”.

Y señala que, “si bien las cuestiones relativas a la acción de habeas corpus resultan en principio ajenas a la instancia extraordinaria, corresponde que la Corte intervenga para reguardar la vigencia del instituto cuando lo contrario implicaría frustrar la esencia de la acción intentada”.

“El rechazo de esta presentación implicaría dejar librado al azar el devenir del estado de salud de Milagro Sala, ante un cuadro de extrema gravedad de urgencia provocado en gran medida y como ha expresado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los tribunales ante los que correspondería interponer el habeas corpus en condiciones normales de legalidad”, advirtieron los abogados defensores de la líder de la Tupac Amarú, Elizabeth Gómez Alcorta, Marcos Aldazabal y Luis Paz.

Además, los letrados resaltaron que la dirigente social no fue informada sobre “los fundamentos de la decisión” del juez de que vuelva a la cárcel, lo que para ellos “constituye otro elemento de suma gravedad”.

Y recordaron que “pocos días después” de que su defendida tuvo “un episodio de sumo nerviosismo en el Hospital, en el que rompió un vidrio y amenazó con cortarse” porque no la dejaban ver a sus allegados, el juez “ordenó trasladarla a una audiencia de juicio que se prolongó durante casi diez horas”.

Para los abogados, esto “ilustra en concreto el grave riesgo que corre la salud de Sala y como ese riesgo es originado por el ilegal tratamiento que le es propinado por las autoridades judiciales”.

Por su parte, Gastón Chillier, en representación del CELS, Ana Laura Lobo Stegmayer de Andhes y Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, señalaron ante la Corte IDH que el traslado de Sala -que cumplía prisión domiciliaria en el barrio El Carmen de Jujuy- se produjo “de modo intempestivo, sin aviso previo alguno a ella o a su defensa, en el instante en que concluyó una audiencia de juicio que la tiene por imputada”.

De este modo, tras salir del debate, fue abordada por los efectivos que allí estaban para dar cumplimiento a la manda judicial y subirla ahí mismo al camión de traslado a la cárcel federal.

Este miércoles, en tanto, la dirigente fue llevada nuevamente a los tribunales de Jujuy para que se presente en una nueva audiencia del juicio en su contra por la causa conocida como “Pibes Villeros”.

Sus allegados denunciaron que el Tribunal le prohibió a Sala mantener un encuentro privado con sus abogados para planear la estrategia, lo que aseguraron “vulnera gravemente el legítimo ejercicio de defensa”.