Odebrecht: empresarios continuarán con todos sus bienes inhibidos

Los empresarios citados a declaración indagatoria en la investigación por supuesto pago de sobornos para adjudicarse la construcción de dos plantas potabilizadoras en el marco del escándalo del “Lava jato” brasileño y Odebrecht continuarán con todos sus bienes inhibidos por decisión de la Cámara Federal porteña, al menos hasta que concluyan medidas de prueba ordenadas en la pesquisa.

Se trata de empresarios citados a declarar como sospechosos por el juez federal Sebastián Casanello en una de las causas que investiga el pago de sobornos y direccionamiento de licitaciones por parte de la constructora Odebrecht en el país, a quienes el magistrado dictó una inhibición general de bienes que ahora confirmó la sala I de la Cámara Federal porteña, según la resolución a la que accedió Télam.

La decisión de inhibir los bienes, entre ellos cuentas bancarias, de los 28 citados a indagatoria “se halló precedida por una investigación amplia” con “prueba suficiente para sostener -en términos preliminares- la verosimilitud” de los cargos, argumentaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero al rechazar la apelación a la medida presentada por doce de los empresarios acusados.

Casanello citó a declaración indagatoria a empresarios y directivos de las empresas “Construcciones e Comercio Camargo Correa SA”, “Esuco SA” , “Construcciones Norberto Odebrecht SA”, “Supercemento SAIC” y “Benito Roggio e hijos” y “José Cartellone Construcciones Civiles S.A.” que integraron un consorcio y ganaron las licitaciones abiertas en la empresa estatal Aysa para la construcción de la planta de potabilización “Paraná de las Palmas” y la del “pretratamiento del sistema” en Berazategui, ambas en el 2007.

Además, el juez ordenó la inhibición general de bienes y encargó estudios patrimoniales de cada imputado, incluida la identificación de cuentas bancarias.

Por ello, la Cámara sostuvo que lo hecho en la causa “permite aseverar la razonabilidad y la proporcionalidad de las prohibiciones” en el marco de una “actividad consistente con las razones de urgencia invocadas al ordenar las inhibiciones generales”.

Los camaristas ordenaron al juez que, “una vez identificadas la totalidad de las cuentas bancarias registradas a nombre de los imputados, y luego de precisadas las sumas de dinero allí depositadas, remita un nuevo oficio al Banco Central de la República Argentina a fin de comunicar que la “inhibición general de bienes” ordenada no habrá de afectar la libre disponibilidad de los fondos registrados en esas cuentas”.

Esto será así siempre y cuando el juez entienda que esas sumas de dinero “por su cuantía y fecha de ingreso al patrimonio de los apelantes, puedan estimarse ajenas a los episodios objeto de imputación”, advirtieron.

Las defensas de los empresarios habían cuestionado la medida cautelar por “injustificada” y criticaron la acusación por “inverosímil” al remarcar que al quedar congeladas también sus cuentas bancarias, además de los bienes muebles e inmuebles, no pudieron enfrentar gastos.

Pero la Cámara recordó que la hipótesis acusatoria “supone que los pagos irregulares se realizaron en el exterior, mediante el empleo de un entramado societario capaz de disimular el verdadero origen de los fondos”.

“Esa lectura del conflicto obliga a ponderar, como amenaza concreta contra los fines del proceso, la existencia de una importante red de sociedades ‘off-shore'”, radicadas en Panamá, Antigua y Barbuda, las Islas Vírgenes Británicas y Uruguay, que habría sido colocada al servicio de los hechos y de las personas implicadas”, se recordó en el fallo.

El juez Casanello citó a indagatoria a empresarios y al ex titular de Aysa Carlos Ben y al ex funcionario del organismo Oscar Biancuzzo.

Las declaraciones comenzaron el 1 de noviembre pasado y terminarán el 14 de diciembre.

Entre los empresarios citados están Carlos Wagner y Aldo Benito Roggio.