¿Quo Vadis Lava Jato? – Por Tomás Lukin

AySA_300X250El caso Lava Jato ha revelado un elaborado sistema de corrupción y pago de sobornos que estaba ramificado por casi toda América Latina, y en el que están implicados desde Jefes de Estado hasta funcionarios de mando medio. Otro tema que ha saltado, una vez más, con este caso es el verdadero uso que tienen las guaridas fiscales, ser el canal para sacar dineros mal habidos y tratar de “blanquearlos” al moverlos por cuentas off shore. Aún queda mucho pan por rebanar sobre este tema.

Comenzó a mediados de 2013 como una investigación policial sobre una red de lavado de dinero pero la pesquisa subió de nivel a principios de 2014 cuando apareció en escena un directivo de Petrobras. Poco a poco, la causa involucró a todo el sistema político de Brasil así como a gran parte del establishment empresarial de ese país. El encarcelamiento del dueño de Odebrecht, la principal constructora brasileña y uno de los conglomerados más importantes de América Latina, sucedió en junio de 2015. Fue un hecho sin precedentes. Las autoridades judiciales a cargo de investigar las irregularidades en el financiamiento de la obra pública –sobornos y sobreprecios- condenaron e imputaron a directivos de distintas compañías brasileñas, legisladores, ex funcionarios y dirigentes de los principales partidos políticos.

Cuentas y sociedades en Hong Kong y China formaban parte de la ingeniería financiera que terminaba por blanquear los fondos en Brasil a través de estaciones de servicio, hoteles, lavanderías y lavaderos de autos. Las evidencias sobre el uso de la red global de servicios financieros offshore para canalizar y ocultar miles de millones de dólares  a través de las principales guaridas fiscales del mundo se multiplicaron a partir de abril de 2016 con la aparición de los Panama Papers.

Pero el caso Lava Jato, la pesquisa que expuso una forma de hacer política y negocios en Brasil durante décadas, no solo cruzó fronteras para blanquear los sobornos. Días antes de la navidad de 2016 se conoció que Odebrecht había alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Oficina del Fiscal General de Suiza y el Ministerio Público Federal de Brasil que abrió una nueva Caja de Pandora. Junto a los abusos cometidos en territorio brasileño, la empresa admitía el pago de 394 millones de dólares en sobornos a funcionarios, dirigentes y partidos políticos en once países entre 2001 y 2016.

Cuentas y sociedades en Hong Kong y China formaban parte de la ingeniería financiera que terminaba por blanquear los fondos en Brasil a través de estaciones de servicio, hoteles, lavanderías y lavaderos de autos.

Una vez más el uso de un complejo entramado de compañías pantalla, operaciones no registradas y cuentas bancarias offshore era utilizado para abonar “propinas” a políticos y empresarios en Argentina, Perú, Venezuela, Colombia, México, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Angola y Mozambique. La compañía constructora que pasó a nombrar el capítulo internacional del escándalo acordó pagar una multa de hasta 2600 millones de dólares.

Al finalizar la redacción de este artículo había 131 individuos condenados con penas que sumadas ascendían a 1.377 años de prisión en Brasil. El número de grandes compañías implicadas excede a la multinacional Odebrecht y la estatal Petrobrasm. Los abusos revelados en la investigación involucran, entre otras, constructoras como OAS, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Skanska. El listado corporativo no se detiene allí.

Además, cientos de dirigentes políticos y empresarios están siendo investigados y la justicia tiene bajo la lupa movimientos por miles de millones de dólares. A escala regional, los sobornos que la constructora brasileña reconoció haber pagado para hacerse de grandes proyectos de obra pública activaron investigaciones judiciales, relanzaron viejas causas, habilitaron pedidos de captura internacional y detenciones que alcanzan a representantes de las principales expresiones políticas en todos los países salpicados por el escándalo.

Lecciones para aprender

¿Hacia dónde se dirige el caso Petrolao-Lava Jato-Odebrecht? Sancionar a los empresarios y políticos responsables, prevenir futuros abusos, mejorar los mecanismos de control y supervisión de los flujos financieros, fortalecer la cooperación internacional, efectivizar la recuperación de activos y transparentar las licitaciones de la obra pública forman parte de cualquier agenda bienaventurada. Como explican la politóloga Catalina De Elia y el fiscal Federico Delgado, existe una suerte de “persecución selectiva” debido a la dinámica del poder judicial de cada país que, por lo general, persigue a los que ya dejaron el poder y es agradable con los oficialismos. Pero incluso cuando las causas judiciales avanzan, la formulación de estrategias adecuadas capaces de entablar una lucha eficaz contra la extendida matriz de abusos no es más que una expresión de deseo.

En cambio, con renovada vitalidad comienza a imponerse a partir del caso Lava Jato la utilización de la corrupción como arma política y discursiva contra el intervencionismo estatal. Es un terreno conocido en la historia latinoamericana. El politólogo argentino Martín Astarita explica que “la concepción hegemónica sobre la corrupción ha sido forjada por el neoliberalismo, cuyo interés principal es cuestionar cualquier tipo de intervención estatal… la corrupción aparece como un fenómeno inherente al Estado, cuya causa última reside en la propia naturaleza humana de quienes ocupan cargos públicos y frente al cual la unívoca receta propuesta consiste en reducir al mínimo indispensable la maquinaria estatal”.

Los hechos de corrupción investigados en la causa Lava Jato constituyen desde esa visión una explicación central para la crisis económica y el deterioro social que atraviesa Brasil. Esa interpretación es amplificada y legitimada desde los principales medios de comunicación. La regionalización del caso, junto con otras causas de corrupción, validan argumentaciones similares en Argentina, Perú, Panamá o Venezuela. La desigualdad, la precariedad de la infraestructura, la pobreza, la exclusión social, el endeudamiento, el desempleo son consecuencia de la corrupción.

Pero incluso cuando las causas judiciales avanzan, la formulación de estrategias adecuadas capaces de entablar una lucha eficaz contra la extendida matriz de abusos no es más que una expresión de deseo.

Volvamos a Brasil. El rol protagónico que adquirieron los dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) sosteniendo y ampliando un esquema de corrupción montado décadas atrás no alcanza para explicar la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. No obstante, en un contexto de inestabilidad política, crisis institucional, recesión económica y malestar social, el caso operó como agente precursor. La mandataria abandonó el Palacio de Planalto en Brasilia a finales de agosto del año pasado. Lejos de garantizar un vuelco hacia la transparencia, las nuevas autoridades entre las que figuran posibles implicados en el escándalo profundizaron la orientación ortodoxa de las políticas macroeconómicas y comenzaron a relegar a segundo plano la inversión social que había caracterizado a las presidencias del PT.

La matriz de corrupción expuesta por el caso Lava Jato comenzó a operar como un mecanismo para justificar y legitimar socialmente el achicamiento y reforma del Estado. La decisión del Congreso de consagrar por ley un límite para la expansión del gasto público y la votación para terminar con el monopolio para la explotación del petróleo de la cuenca presal que tenía Petrobras -un reclamo impulsado por grandes compañías extranjeras y sus gobiernos- son apenas dos ejemplos de transformaciones profundas habilitados por la visión hegemónica de la corrupción.

No es novedoso. Al referirse a la experiencia argentina durante la década de los noventa, Astarita señala que “la corrupción fue uno de los principales argumentos utilizados para impulsar y justificar el programa de reformas neoliberales en Argentina cuyos ejes centrales fueron las privatizaciones, la apertura y la desregulación económica. Las reformas pro-mercado no eran necesarias solamente como un mandato económico sino también como un imperativo ético”. No se trata de tolerar, minimizar, desconocer o avalar la existencia de una matriz de corrupción vinculada a la obra pública sino de evidenciar a qué sectores e intereses beneficia la imposición de una visión moralista y ahistórica de la corrupción. La reaparición del discurso anti-política no debe abortar el debate sobre el desarrollo de proyectos económicos y sociales alternativos al neoliberalismo en la región.

Por Tomás Lukin