Santa Fe creó una comisión técnica cuya función será revisar los costos de la Empresa Provincial de la Energía

El gobierno de Santa Fe creó una comisión técnica cuya función será revisar los costos de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), en busca de “contribuir a la reducción de los mentados costos, brindar mayor eficiencia y calidad del servicio a los usuarios”.

La comisión fue creada mediante el decreto 1084/18 firmado por el gobernador Miguel Lifschitz y refrendado por el ministro de Gobierno Pablo Farías, donde se establece que uno de los puntos a trabajar por los integrantes de la comisión será analizar la estructura de costos de la EPE, y en base a ello proponer una medida “para lograr la reducción de los mismos, mayor eficiencia y calidad de servicio a los usuarios”.

También deberá analizar específicamente la estructura tarifaria de la EPE y confeccionar una propuesta de modificaciones “que permitan una mejor distribución de los costos internos de distribución (VAD) en el universo de usuarios, con sustento en criterios de equidad”.

El texto del decreto admite que “las sucesivas medidas de quita de subsidios al precio mayorista de la energía eléctrica adoptadas por el Gobierno Nacional, a partir del día 1 de febrero de 2016, y los consecuentes incrementos en el valor de la energía, han generado inquietudes relacionadas con la composición de la estructura tarifaria de la Empresa Provincial de la Energía”.

Aclara luego que la EPE “se encuentra facultada para generar sus propios cuadros tarifarios, previo procedimiento de audiencias públicas”, pero señala que el gobierno provincial “entiende necesaria la participación de los distintos sectores de la sociedad en el análisis de la estructura de costo y tarifaria de la energía eléctrica”.

La comisión funcionará en la órbita de la Secretaría de Estado de la Energía y serán invitados a participar las Facultades de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario y Nacional del Litoral; las entidades empresarias con representación provincial de la industria, sector agropecuario y el comercio, entidades gremiales de Luz y Fuerza y la Defensoría del Pueblo.