SCALERA ASEGURÓ QUE HAY «UNA VOLUNTAD Y UNA DECISIÓN DE NO SOMETERSE A LA JUSTICIA» POR PARTE DE PABLO MOYANO

El fiscal federal Sebastián Scalera aseguró hoy que hay «hechos que muestran una voluntad y una decisión de no someterse a la Justicia» por parte del secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano.

«La hipótesis de la Fiscalía es que en el marco de la actividad del club Independiente existe hace rato una asociación ilícita integrada por barras bravas y por parte de la dirigencia, entre los que están Héctor Maldonado y Noray Nakis, que están procesados y declararon como imputados. Entendimos que Pablo Moyano forma parte y es jefe de la misma», sostuvo el integrante del Ministerio Público.

En diálogo con Radio Nacional, Scalera remarcó que «aunque resta producirse una cantidad de medidas de pruebas», entiende que «existe mérito suficiente para el llamado a prestar declaración, que es el acto de defensa material por excelencia».

«Existen grandes e importantes evidencias que acreditan esa operatoria» de presuntos negocios con la barra brava, como venta de entradas falsas, insistió.

Asimismo, el fiscal federal de Lomas de Zamora ratificó su decisión de haber solicitado la prisión preventiva de Pablo Moyano y, al ser consultado sobre si su regreso desde Singapur no significaba haberse puesto a derecho, recordó que su abogado defensor, Daniel Llermanos, «dijo que si tuviera algún temor o le preocupara ir detenido le recomendaría irse a otro lugar».

«Amén de los actos que han sido públicos y notorios, se dieron diferente hechos que muestran a las claras una voluntad y una decisión de no someterse a la decisión de la Justicia, ya sea tanto a la sujeción al proceso como a ensuciar la investigación de la Fiscalía», destacó.

Respecto al pedido hecho por el referente gremial para que esté presente el magistrado Luis Carzoglio, Scalera explicó que «la presencia del juez se concede en cualquier caso».

«Cuando el imputado requiere la presencia del juez de garantías en la audiencia es una circunstancia atendible y a la que se hace lugar por imperio de la ley, no hace falta que exista de por medio un pedido de recusación o el argumento de que el fiscal perdió la imparcialidad», precisó.

Finalmente, el fiscal federal recordó que el delito de asociación ilícita tiene prevista una pena de entre cinco y diez años de prisión y no es excarcelable.