Subsidios – Por Alfredo Zaiat

La persistencia tarea de fomentar la ignorancia con objetivos inconfesables de lobbista del poder económico y consultores del área energética ha distorsionada la capacidad de comprensión social de la cuestión tarifaria y del relevante papel de los subsidios como salario indirecto para trabajadores y jubilados, como ampliación del ingreso disponible para consumo en las clases medias y la consiguiente expansión del mercado interno y como aporte para aliviar la estructura de costos de comercios y además como mejora de la competitividad de la industria. El permanente repiqueteo durante años de un compendio de falsedades ha facilitado inicialmente la aceptación social de la necesidad de la eliminación de subsidios para terminar con el “populismo energético”. Ahora se ha desplegado una política energética que perjudica a la mayoría de la población y a gran parte del comercio y la industria, sectores sociales que quedaron atrapados en un océano de confusiones.

Los subsidios son utilizados por diversos países para consolidar el desarrollo de sus economías. No son malos per se, como condiciona el sentido común el discurso de la ortodoxia que comienza apuntando contra los subsidios para ampliar el cuestionamiento al gasto público en general. Su argumento principal dice que esa política es una excesiva intervención estatal en la economía con efectos distorsivos que inhiben el libre funcionamiento del mercado y que constituyen un despilfarro de recursos. Aquí existe un doble estándar, puesto que esas observaciones se dirigen a los subsidios al boleto de tren y colectivo y al consumo de gas, luz y agua de la población, en tanto ignora los también considerables subsidios a empresas privadas por vía de tarifas en esos servicios, otros beneficios impositivos y financieros y transferencias directas.

¿Quiénes hablan de gasto público desmesurado por mantener tarifas subsidiadas son los mismos que atemorizan sobre el desborde de la inflación? Aquí también emerge una discordancia discursiva, porque los subsidios han tenido como resultado contener el alza de tarifas y, por lo tanto, de los índices de precios. Esa estrategia tiene un impacto directo sobre el ingreso real de la población, especialmente de aquellos sectores en los que los bienes y servicios subsidiados tienen un peso relevante en sus canastas de consumo, por caso el transporte, la luz, el gas y el agua. Y un efecto indirecto sobre el Producto, en la medida en que mejores ingresos posibilitan un mayor consumo, operando sobre la demanda agregada. Así se desarrolló una dinámica que se realimentó: la política general de subsidios hacia usuarios y empresas apuntaló una mejora en el desempeño macroeconómico.

Hubo y hay una distorsión analítica acerca de la herencia energética. El argumento oficialistas dice que no señalarla inicialmente en el relato macrista fue un error. Eso no es cierto porque sí expusieron su posición antes y ahora, como se puede encontrar en archivos los permanentes cuestionamientos a la política energética del anterior gobierno. Ese lamento en realidad es sólo un reflejo de frustración por la resistencia social al tarifazo. Una cosa es el discurso de campaña para ganar elecciones y otra bastante diferente es la gestión de gobierno. Dar por ciertas esas distorsiones interpretativas acerca de la situación energética, que aún continúan siendo amplificadas por muchos, tiene como saldo el estallido de una crisis como la generada por el tarifazo. El presidente Mauricio Macri impulsó un aumento desproporcionado de las tarifas por impericia política, fanatismo ideológico y, fundamentalmente, por la decisión deliberada de transferir ingresos hacia unas pocas y poderosas empresas energéticas, algunas con estrechos vínculos afectivos y económicos con el macrismo.

El cruce de política y negocios, como el existente entre el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y su anterior empleador, la multinacional angloholandesa Shell, queda también expresado en la presencia del “consejo de notables” en el gobierno integrado por un grupo de ex secretarios de Energía. Son ocho ex funcionarios que ejercieron ese cargo entre 1982 y mayo de 2003, desempeño que no fue exitoso para mejorar la situación energética del país pero les valió la confianza del mundo empresario.