Trabajo se comprometió a inscribir en el Registro de Asociaciones Sindicales al gremio de los abogados del Estado

El Ministerio de Trabajo se comprometió a inscribir en los próximos días en el Registro de Asociaciones Sindicales al gremio de los abogados del Estado, en cumplimiento de un fallo judicial presentado por esta organización contra la decisión del exministro de Trabajo Carlos Tomada de negar dicha inscripción.

El secretario general de la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE), Rubén Ramos, aseguró que en los próximos días las autoridades laborales otorgarán la inscripción del gremio en el Registro de Asociaciones Sindicales, ya que esa cartera de Estado “se comprometió a acatar la decisión judicial”.

La organización gremial, que nuclea a los letrados que prestan servicios en relación de dependencia en la Administración Pública Nacional (APN) centralizada o descentralizada, fue constituida en 2011 con 6.000 adherentes y tiene ahora la posibilidad de sindicalizar a 25.000 abogados, al haber cumplido con los requisitos de la Ley de Asociaciones Sindicales.

Cuando estaba a cargo del Ministerio de Trabajo, Tomada había negado la inscripción jurídica, por lo que el caso fue presentado en la justicia, donde la AGAE obtuvo sentencia firme a su favor.

La inscripción “permitirá avanzar en las reivindicaciones laborales acordes con la modernización que el gobierno procura impulsar en el Estado a partir del estratégico rol legal y técnico del sector”, afirmó Ramos durante el festejo anoche del día de los abogados de la administración pública, al que asistieron unas 600 personas, entre profesionales, representantes de la Justicia, funcionarios y académicos.

Al evento, que se realizó en el barrio porteño de Palermo, asistieron los exprocuradores del Tesoro de la Nación Rodolfo Díaz (1995/99), Ernesto Mercer (1999/01), Rubén Citara (2002/03) y Carlos Balbín (2015/17); los exsubprocuradores Jorge Saulquin y Javier Moreno; funcionarios nacionales; directores generales de Asuntos Jurídicos y de Sumarios de las variadas jurisdicciones y organismos del Estado; el secretario general de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Juan Mas Vélez, y el rector de la Universidad de la Defensa, Gonzalo Alvarez.

“Durante mucho tiempo no se otorgó al rol de abogado estatal su verdadero valor como colaborador de las autoridades políticas y controlador de la legitimidad de las decisiones que se adoptan y tampoco en términos de responsabilidad personal y profesional”, reclamó Ramos.

Por ello, llamó a “jerarquizar y realzar sus funciones, incluso ante la sociedad”, lo que “exige un correlato en la remuneración de quienes defienden los intereses del Estado, o sea, de los argentinos”.

El dirigente gremial explicó que existe “una gran disparidad salarial según la jurisdicción y, muchos abogados, perciben haberes que no retribuyen su responsabilidad”, y subrayó que el sindicato procurará concursos periódicos por idoneidad para asegurar “la estabilidad laboral que garantiza la independencia técnica que el abogado estatal requiere para cumplir sus funciones en un contexto de capacitación permanente”.