Tribunal Supremo español denegó hoy la excarcelación del líder secesionista Jordi Sánchez

El Tribunal Supremo español denegó hoy la excarcelación solicitada por el líder secesionista Jordi Sánchez, para asistir como candidato a la Presidencia del gobierno catalán a la sesión de investidura convocada para el próximo lunes.

Con esta decisión, el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, tendrá que suspender el debate de investidura, puesto que el Tribunal Constitucional ya prohibió que la votación se celebre en ausencia del candidato cuando los independentistas pretendían investir al ex presidente Carles Puigdemont, quien se encuentra en Bélgica prófugo de la Justicia.

El juez del Supremo Pablo Llarena basó su decisión en el “riesgo de reiteración delictiva”, al subrayar que los delitos de rebelión o sedición por los que Sánchez está siendo investigado se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas “claramente ilegales”.

El magistrado rechaza liberar a Sánchez así como otorgarle puntualmente un permiso para acudir a su investidura, a pesar de que la defensa alegó que su voluntad y la de su grupo, Junts per Catalunya, es respetar la “legislación vigente”.

El juez, en cambio, se pronunció en línea con el argumento de la Fiscalía, que se opuso a cualquiera de las dos opciones -excarcelación o permito penitenciario- por considerar que “existe un evidente riesgo de reiteración delictiva”, que se puede dar en el contexto político actualmente vigente.

En ese sentido, la Fiscalía menciona el reciente pacto alcanzado por las dos fuerzas independentistas mayoritarias, Junts per Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) “para la continuación del proceso constituyente que termine con la constitución de la república”.

En su resolución de 26 páginas a la que tuvo acceso Télam, Llarena subraya que los elementos objetivos que configuran el riesgo de que Sánchez persevere en alcanzar su objetivo (la independencia de Cataluña) siguiendo una estrategia contraria a la ley “no se han desvanecido”.

Por lo tanto, la protección de los “valores constitucionales que tienen una proyección directa sobre los derechos subjetivos de toda la población” está por encima de la libertad de Sánchez.

Llarena había dado plazo hasta el lunes a las acusaciones para pronunciarse sobre la excarcelación de Sánchez, con lo que no se esperaba una decisión antes de la fecha, ya que el partido ultraderechista Vox -también contrario a la excarcelación- estaba dispuesto a agotar el plazo.

Sin embargo, el juez sorprendió anticipando su decisión contraria a la excarcelación, lo que fuerza al presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, a suspender la sesión de investidura.

De no hacerlo, Torrent y los miembros de la Mesa del parlamento -órgano directivo, estarían desobedeciendo al Tribunal Constitucional, que ya prohibió una investidura a distancia en el caso del ex presidente Carles Puigdemont.

Además de este obstáculo judicial, la investidura de Sánchez, en principio, está destinada a fracasar si la minoritaria Candidatura de Unidad Popular (CUP) no cambia su posición de abstención hacia un voto positivo, que permitiría a los independentistas alcanzar la mayoría absoluta.

En ese sentido, el grupo anticapitalista se mostró dispuesto a modificar su voto si se produce un gesto de desobediencia por parte de Torrent.

Por su parte, Junts per Catalunya y ERC intentan convencer a la CUP con un acuerdo que pretende afianzar el proyecto “republicano”, como exigen los anticapitalistas.