El Gobierno Nacional impulsará en el Congreso un proyecto que busca ampliar el número de integrantes del Consejo de la Magistratura, el órgano que se encarga de la selección, remoción y disciplina de los jueces.
El Consejo tiene actualmente 13 miembros, mientras el oficialismo busca elevar el número a 17.
«Luego de haber escuchado las voces del consejo consultivo el Poder Ejecutivo va a enviar al Congreso en las próximas horas un proyecto que modificar el Consejo de la Magistratura», afirmó la portavoz Gabriela Cerruti en conferencia de prensa.
La funcionaria nacional detalló que el Ejecutivo busca que de «todos los nuevos integrantes que se sumen ninguno pertenezca al estamento político», por lo que serán «un juez, un abogado y uno del estamento científico».
«Esto nos va a permitir avanzar en uno de los objetivos centrales de recuperar la confianza en la Justicia y reforzar la independencia», remarcó Cerruti.
Además, la portavoz presidencial señaló que el proyecto «incorpora la equidad de género» en la nueva composición del órgano judicial.
El proyecto fue anunciado un día antes de que juren los nuevos diputados nacionales, y en el marco de la semana en la que cambiará la conformación del Congreso.
El oficialismo enviará el proyecto que legisla en materia judicial y la propuesta deberá conseguir respaldo también entre los legisladores opositores si quiere avanzar en ambas cámaras.
El texto fue elaborado por la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, el ministro y viceministro de Justicia, Martín Soria y Juan Martín Mena, el representante del gobierno en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, y el jefe de Asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos.
La propuesta del Gobierno es sumar cuatro integrantes al Consejo, para que esté compuesto por cuatro (4) jueces del Poder Judicial, seis (6) legisladores o representantes del Poder Legislativo, cuatro (4) representantes de los abogados de la matrícula federal, un (1) representante del Poder Ejecutivo y dos (2) representantes del ámbito académico y científico.
Además, establece que cada consejero durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelegido una sola vez en forma consecutiva.
Para acceder al Consejo los integrantes del cuerpo «no podrán registrar condenas penales por delitos dolosos dictadas en los últimos veinte años» y, además, «no podrán ser consejeros/as las personas que hubieran desempeñado cargo o función pública jerárquica durante la última dictadura cívico-militar o respecto de quienes se verifiquen condiciones éticas opuestas al respeto por los derechos humanos».
