Un emotivo cortejo, con familiares, allegados y vecinos enarbolando banderas, varios de ellos en motos, bicicletas o caminando, acompañó esta tarde a su último destino en el cementerio de Miramar los restos de Luciano Olivera, el adolescente de 16 años que fue asesinado por el policía Maximiliano González.
El cortejo, integrado por varios centenares de personas, partió alrededor de las 19:00 de la casa mortuoria situada a sólo unos trescientos metros del lugar en el que fue baleado el menor el viernes por la madrugada, en la que el velatorio se había desarrollado por unas cuatro horas.
Aplausos y banderas del Club Once Unidos enarboladas del club Once Unidos, donde el menor jugaba al fútbol, dominaron la escena, mientras el cortejo se dirigió a la sede de la institución para luego terminar en el cementerio municipal.
Cintia Aristegui, tía del joven comunicó en sus redes sociales que la familia no tiene previsto por el momento convocar a ninguna marcha en torno al hecho debido a los disturbios que se produjeron durante las manifestaciones del viernes último.
«Como familia necesitamos procesar este dolor y despedir a Luciano y hacer nuestro duelo», posteó.
Luciano Olivera fue asesinado de un disparo en el pecho durante la madrugada de este viernes en el marco de un supuesto control policial.
Según se pudo reconstruir en la causa, el joven regresaba a su casa en moto después de jugar al fútbol y de estar con sus amigos en la madrugada del viernes, cuando quisieron identificarlo en un operativo en cercanías de la plaza central de Miramar, el cual intentó evitar porque no tenía registro para conducir.
El hecho que se investiga generó un fuerte repudio por parte de la familia, amigos de la víctima y vecinos de Miramar que marcharon este viernes por la tarde a la comisaría donde se registraron algunos incidentes con la Policía.
Este sábado, el policía González, de 25 años, se negó a declarar ante la fiscal del caso y seguirá detenido.
El policía está imputado del delito de homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario de una fuerza de seguridad usó su derecho de negarse a declarar.
La fiscal a cargo de la causa, Ana Caro, dispuso que siga detenido en la Unidad Penal Nº44 de Batán.
