Muchos trabajadores de Garbarino suelen preguntar por el paradero del dueño de la cadena de electrodomésticos, Carlos Rosales.
Por Antonio D´Eramo.
La reciente carta enviada con su renuncia a la tesorería del club San Lorenzo sirvió para devolverlo al centro de la escena y especular con que se encuentra en el país y mostrándose poco.
Fuentes del entorno del empresario, dueño del grupo asegurador Prof, de Compumundo, radio Continental y del restaurante Schiaffino Bistró en la Recoleta, aseguraron que se encuentra abocado a hallar una solución financiera a los problemas que acarrean las empresas que dirige.
Sea como fuere, el juez Fernando D´Alessandro, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7, que habilitó el concurso preventivo de Garbarino, dejó la orden por escrito de prohibir a Rosales la salida del país.
Un procedimiento habitual en estos casos, pero que enciende una luz de esperanza en los más de 4.000 trabajadores que demandan una respuesta y que, junto al Estado, son los acreedores privilegiados en este tipo de situaciones.
Hay otros acreedores que siguen en la fila de reclamos que también dejan entrever satisfacción por esta medida judicial.
Son aquellos que tienen deudas comerciales y financieras que suman 11.500 millones de pesos en total.
Los pasivos no son solo de Garbarino sino que también se adjuntan deudas de Garbarino Viajes, Compumundo, Tecnosur y Digital Fueguina.
Según el expediente judicial, con fecha del 22 de diciembre pasado, al 10 de octubre Garbarino presentó un estado patrimonial con activos por 14.216,86 millones de pesos y 25.422,1 millones de pasivo.
La deuda con los acreedores quirografarios, figura del derecho civil que cataloga a aquellos que no tienen ninguna garantía particular para la recuperación de su deuda e ingresan en concurso con los demás acreedores en la distribución del producto de la venta de los bienes del deudor insolvente, asciende a 6.017,66 millones de pesos, más $ 1.076,34 millones en concepto de financiación y contabiliza pasivos eventuales por $ 1.373,5 millones.
El fisco, otro de los acreedores privilegiados, reclama cerca de 5.000 millones de pesos por deudas fiscales y previsionales.
Llegado a este punto, usualmente se impone la venta de activos para saldar deudas.
Y entre las posibilidades registradas se encuentran la participación de Rosales en Compumundo, cuya tenencia se valuó en 1.438 millones de pesos; Digital Fueguina, 7.627,8 millones; Garbarino Viajes, 1 millón de pesos; y Tecnosur, 354,4 millones de pesos.
Además, se catalogaron 53 marcas de su propiedad que consolidan un valor de $ 850.000 y la participación en fideicomisos por un total de 430,3 millones.
Garbarino llegó al concurso con la bolsa flaca.
Según los valores anotados en el expediente, solo existen 2,5 millones de pesos en caja, menos de 5 millones depositados en entidades bancarias. Muy poco para una empresa de retail con presencia en todo el país.
Sus abogados anexaron una lista con 185 deudores por ventas (¡sí hay gente que le debe a Garbarino!) por un total de $ 703,2 millones y $ 2.138,5 millones a favor de la compañía por créditos fiscales de organismos recaudatorios de la Nación, provincias y municipios donde opera.
Hay controversias entre los productores de electrodomésticos por el valor otorgado a Digital Fueguina y a Tecnosur, dos plantas ubicadas en Tierra del Fuego beneficiadas por la ley 19.640 que exime del pago de todo impuesto nacional por actividades que se realicen en el territorio más austral de la Nación.
En el caso de Digital Fueguina, sus líneas de producción tienen valor propio, pero la ausencia de contratos la tornan inviable.
Para algunos sindicalistas que siguen de cerca las actuaciones judiciales, Rosales no debería poder salir del país no sólo por la situación de Garbarino y sus empresas subsidiarias sino por la situación que enfrenta el grupo asegurador Prof.
El grupo asegurador Prof (Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada) expone su futuro a la decisión de la Justicia luego de apelar las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Las decisiones de la superintendenta, Mirtha Adriana Guida, del 16 de septiembre primero y del 12 de octubre después, pusieron a la aseguradora al borde de la liquidación.
La funcionaria nacional había advertido por el déficit que surge del Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar en su resolución del mes de septiembre, un resumen de cuenta de los balances correspondientes a la entidad aseguradora que deben presentar todas las empresas del rubro que se desempeñan en el mercado nacional, por la que dictó una inhibición general de bienes que le impidió a la empresa aseguradora realizar actos respecto de sus inversiones.
El segundo paso adoptado por Guida fue peor para el futuro de la aseguradora y fue la piedra de toque del inicio de las hostilidades judiciales de los directivos de la empresa contra los funcionarios del organismo gubernamental.
La Resolución 725/2021, publicada en el Boletín Oficial el 12 de octubre pasado, da cuenta de la prohibición de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) para que Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada emita nuevos contratos de seguros.
En los considerandos de la Resolución, la SSN afirmó que su decisión se basó en el hecho de que la compañía presentaba un déficit de capital mínimo de más de $ 500 millones (exactamente $543.806.153) y también una pérdida en el cálculo de cobertura de más de $900 millones ($905.966.781, en cifras precisas).
La estrategia de Rosales fue la de judicializar la resolución.
En los hechos el dueño de Garbarino podría haber capitalizado la compañía en un plazo lógico de tiempo, pero nada de ello ocurrió y en los primeros días de noviembre concurrió a Tribunales para apelar la medida de la SSN.
