Uno de los puntos críticos de la negociación con el FMI, la reducción de los subsidios económicos que suman 3,4 puntos del PBI, no sólo depende de que se aumenten las tarifas, sino que además requiere reducir la asistencia a las empresas del Estado.
Es el caso que comprende el «pago de salarios y proveedores de empresas estatizadas, como los trenes, Aysa, Aerolíneas Argentinas, Río Turbio, Correo Argentino, o las creadas para hacer frente a un desabastecimiento, como la ex – ENARSA (hoy Integración Energética) y otras empresas estatales».
Con datos de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública) y del Ministerio de Economía para el año 2021, el Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDESA, que orienta el econonista Jorge Colina, clasifica los subsidios económicos en las siguientes categorías: al consumo de servicios públicos, 1,8% del PIB; a la producción de servicios públicos, 0,4% del PBI, y a las empresas públicas nacionales, a 1,2% del PBI.
La vía de las tarifas, en consecuencia, representaría poco más de la mitad de las necesidades de financiamiento del déficit que el Tesoro debe compensar.
El instituto hace hincapié en que «una manera de dimensionar la flagrante inequidad social que suponen las empresas del Estado es comparar el 1,2% del PBI que reciben de subsidios con el 0,6% del PBI que el Estado nacional asigna a la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Es decir, por cada un peso que se destina al principal programa social que administra el Estado, se asignan dos a las empresas públicas nacionales.
Si se consideraran otros privilegios que tienen las empresas públicas (como no pagar todos los impuestos) la inequidad es todavía mayor.
Sostiene IDESA en ese sentido que «las empresas públicas son administradas en función de los intereses de sus proveedores y sindicatos. Sus desequilibrios no siempre se originan en insuficiencia de las tarifas sino en la mala administración, sobreprecios a sus proveedores, exceso de personal y salarios totalmente desalineados con los que cobran los trabajadores del sector privado. Son una enorme e irritante fuente de privilegios y corrupción».
Insiste en que «el desafío no se reduce a actualizar las tarifas contemplando subsidios focalizados en las familias de bajos ingresos. Más importante es terminar con el desvío de fondos públicos a las empresas del Estado».
