La Secretaría de Derechos Humanos ratificó que los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura deben cumplir sus penas en cárceles comunes como Ezeiza y Campo de Mayo, «que tienen condiciones adecuadas para alojar allí a personas de edad avanzada, incluso con problemas de salud».
Según un informe elaborado «ante el preocupante aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales dispuestas por la Justicia Federal», la infraestructura en salud en ambos penales «permite atender urgencias médicas y derivarlas de ser necesario».
Además, ambas cárceles «prestan atención primaria en odontología, psicología y clínica», y los detenidos por delitos cometidos durante la dictadura «se encuentran vacunados con al menos tres dosis contra el COVID 19».
«El programa en salud que se desarrolla está pensado para población de tercera edad. Se cumplen con las condiciones de habitabilidad. Sus dimensiones, distribuciones y materialidades son adecuadas y las condiciones de mantenimiento y limpieza son notables», concluyó el informe.
El relevamiento fue realizado entre marzo y abril pasados en la Unidad 31 del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y en la Unidad 34 del Instituto Penal Federal Campo de Mayo, donde se concentra la mayor cantidad de detenidos por crímenes de lesa humanidad.
«El informe fue elaborado como parte de las tareas asumidas en el Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad, y fue enviado a juzgados, tribunales federales y fiscalías para que sea tenido en cuenta al momento de decidir sobre los pedidos de prisión domiciliaria o libertad condicional de los imputados», explicó la Secretaría.
En ese contexto subrayó que «el Poder Judicial debe tomar todos los recaudos posibles y decidir con la mayor rigurosidad antes de otorgar una prisión domiciliaria o una libertad condicional, beneficios que pueden exponer a las víctimas y que podrían comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino».
