Organizaciones de veteranos de la Guerra de Malvinas pidieron a la directora de la ANSES, Fernanda Raverta, que revise la pensión honorífica otorgada al ex líder carapintada Aldo Rico por su participación en el conflicto bélico, a raíz de sus expresiones públicas de los últimos días, a las que consideraron «golpistas».
Las entidades, encabezadas por el colectivo de ex soldados CECIM La Plata, invocaron el artículo sexto del decreto 1357/04, que «impide el acceso al beneficio a los militares que fueron sancionados por delitos contra el orden constitucional y la vida democrática».
El CECIM ya había repudiado las expresiones de Rico, quien en un video difundido por la red social YouTube convocó a sus ex camaradas a un «alzamiento» contra el actual Gobierno.
Esa conducta le valió al menos dos denuncias penales: una del procurador general adjunto de la Nación, Víctor Abramovich, que tramita ante el Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo; y otra de la Secretaría de Derechos Humanos, que fue asignada al que conduce el magistrado Sebastián Casanello.
«Repudiamos las expresiones de los responsables de la derrota de Malvinas, como lo es Aldo Rico y cuanto militar protegido por un Poder Judicial que no actúa en consecuencia ante semejantes manifestaciones anti democráticas», sostuvo el CECIM en su declaración de repudio.
«Solicitamos al Ministerio de Defensa de la Nación que tome todas las medidas del caso para que personas que distan mucho de haberse rozado con el honor, con semejante prontuario sigan manteniendo el grado militar, ofendiendo a San Martín y Belgrano», añadió el texto.
Además del rechazo a las expresiones de Rico, las organizaciones de ex combatientes también reclamaron que se revise la continuidad del beneficio especial como ex combatiente, en el marco de una serie de «irregularidades en el otorgamiento y continuidad de beneficios contemplados en la ley 23.848», que justamente otorga esa «Pensión Honorífica».
«Bregamos por el cumplimiento de dichas normas y más aún por tratarse de un universo de beneficiarios donde muchos de ellos formaron parte de las estructuras de las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico militar, que incluyó la Guerra de Malvinas», sostiene la nota.
El documento recuerda que Rico y otros militares «ya recuperada la democracia, cometieron actos ilícitos como los episodios llevados a cabo en los alzamientos en los años 1987, 1988 y 1991».
«Por tratarse de recursos que surgen del erario, consideramos que la ANSES debe verificar si en este caso se viola lo establecido en el artículo 6º del decreto 1357/04», resume el pedido dirigido a Raverta.
