La Fiscalía pidió una pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo para un ex empleado de seguridad de una comunidad terapéutica del partido bonaerense de Pilar, acusado por la muerte de un joven de 23 años.
El pedido de la pena de cumplimiento efectivo fue realizado por la fiscal Paula Valeria Oyola, quien también solicitó que el imputado Ángel «Pipi» Súñez, que trabajaba en el centro San Camilo, sea inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos o privados en cualquier tipo de institución donde se deba vigilar o cuidar a seres humanos.
El juicio, que comenzó el pasado martes, se lleva adelante en el Juzgado en lo Correccional 4 de San Isidro y en el mismo se debate la causa por el suicidio de Saulo Rojas, un joven mendocino de 23 años, quien estaba internado en el lugar.
El hecho ocurrió en 2013 y cuatro años después, el lugar fue clausurado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, tras constatarse «graves falencias edilicias, tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes proporcionados a los usuarios».
Es la primera vez desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental que un miembro de una comunidad terapéutica está siendo juzgado por el suicidio de un paciente.
Rojas consumía estupefacientes, era insulinodependiente, y a los 18 años ya había pasado por diferentes centros terapéuticos de la provincia de Mendoza hasta que le negaron atención argumentando que la situación de adicción más su dependencia a la insulina era algo «imposible de manejar», y por eso fue trasladado al centro San Camilo.
