El tribunal oral número tres de Lomas de Zamora iniciará hoy el juicio oral contra una decena de policías bonaerenses acusados por la «Masacre de Wilde», un episodio de gatillo fácil que ocurrió en enero de 1994.
Los jueces Martina Celone, Luis Gabián y Marcelo Dellature juzgarán a los policías por el presunto delito de «homicidio agravado», que prevé la pena única de prisión o reclusión perpetua. La fiscal del juicio será Viviana Simón.
El 10 de enero de 1994, una decena de policías de la ex Brigada de Investigaciones de Lanús dispararon casi 300 tiros de itakas y ametralladoras sobre dos autos en busca de supuestos delincuentes.
Cuatro personas que nada tenían que ver con el delito presuntamente investigado murieron en esas circunstancias.
Los policías interceptaron al Dodge 1500 en el que viajaba Edgardo Cicutín y Claudio Díaz y el remís Peugeot 505 conducido por Norberto Corbo, a quien acompañaban Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza como pasajeros. Sólo Díaz sobrevivió.
Los acusados son Cesar Córdoba, Carlos Saladino, Norberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marciano González, Julio Gatto, Hugo Reyes y Marcos Hugo Rodríguez. Todos llegan en libertad a la etapa de juicio.
Marciano González presentó un certificado médico sobre una enfermedad que le impediría afrontar el juicio, lo que –en definitiva- será resuelto por el tribunal tras la apertura del debate.
Los policías imputados habían sido sobreseídos en primera instancia, pero las parejas de dos de las víctimas apelaron y consiguieron reabrir la causa.
La Suprema Corte bonaerense anuló los sobreseimientos y ordenó las «comprobaciones necesarias para procurar la identificación y sanción de los responsables del hecho», al que calificaron como una «grave violación de los derechos humanos con aptitud para comprometer la responsabilidad internacional del Estado».
El juicio se extenderá hasta el próximo 28 de octubre, cuando está previsto que el tribunal anuncie el veredicto y el mismo comenzará pese a que están pendientes apelaciones presentadas por los imputados en la Suprema Corte bonaerense y aún está abierta una causa en la que se investiga la desaparición de elementos de prueba de la causa a lo largo de estas casi tres décadas.
