El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, un equipo multidisciplinario que evalúa la condición de vida en los penales, denunció «la acuciante situación de hacinamiento en Comisarías y Alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires» y la superpoblación en gran parte de los centros de detención.
«El encierro en condiciones de sobrepoblación y hacinamiento se torna a todas luces ilegítimo y tal circunstancia no podría justificarse invocando deficiencias edilicias, carencias presupuestarias y/o cualquier otra situación de emergencia o excepción», sostiene un informe, al que tuvo acceso NA.
El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles es un organismo integrado por jueces federales y nacionales, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin) y la Defensoría General de la Nación.
En lo que concierne a la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el documento revela que «se pudieron observar inadecuadas condiciones de detención y hacinamiento. Falta de agua, ventilación, recreación, sistema médico y vulneración de los derechos del colectivo de personas allí alojadas».
«Particularmente preocupante es la problemática de las mujeres detenidas en estas condiciones. Toda mujer presa presenta una doble condición de vulnerabilidad, por estar privada de su libertad y por el hecho de ser mujer o autopercibirse como tal», añade el texto.
El reporte también subraya que a nivel federal «hay 11.361 personas detenidas en el conjunto de las cárceles federales, para una capacidad disponible de 10.932 plazas».
«El cupo fijado mediante la resolución ministerial se encuentra sobrepasado en diez cárceles federales. Todas las unidades del norte del país y el CPF VI de Mendoza recientemente inaugurado se encuentran con el cupo duplicado artificialmente mediante camas cucheta», precisa el documento.
En CABA, la cárcel de Devoto tiene un cupo de 1.186 (aunque, según un peritaje oficial, debería ser de 819) plazas, pero al 31 de marzo pasado estaban alojadas allí 1.464 personas.
El Sistema recomendó a jueces, fiscales y defensores oficiales «prestar especial atención -en este contexto particular- al uso abusivo de la prisión preventiva, al alarmante incremento de las personas encarceladas con penas de hasta tres años y a eventuales retrasos en el régimen de progresividad de la ejecución penal para los condenados».
El documento destacó que «la cantidad de personas detenidas por penas de corta duración se ha incrementado notablemente desde 2017. A diciembre de 2022, los condenados a penas menores a tres años cumpliendo pena en cárceles federales ascendían a 1.020 personas».
Esa cifra es similar a la superpoblación detectada en las cárceles de la Capital Federal.
El equipo interdisciplinario también propone «finalizar, a la mayor brevedad posible, el nuevo Complejo Penitenciario Federal Ricardo Gutiérrez, en Marcos Paz, y el Complejo Penitenciario Federal Agote, en Mercedes», ambos en la provincia de Buenos Aires.
Además, un sistema en CABA para el alojamiento transitorio de detenidos, una ley de cupo y una flexibilización en los regímenes de morigeración del cumplimiento de la pena para delitos de poca lesividad.
