La Corte Suprema de Justicia fijó su presupuesto para 2024 en casi 170 mil millones de pesos, la mayor parte de ese monto destinado al pago de salarios de sus 4.732 empleados, quienes percibirán en promedio más de dos millones y medio de pesos por mes.
A la cotización del dólar oficial, ese presupuesto equivale a casi 466 millones de la divisa estadounidense para el próximo ejercicio.
Según la Acordada 26/2023, suscripta por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda pero no por Ricardo Lorenzetti, el presupuesto de la Corte para el año próximo trepará a 168.171.111.733 pesos.
La Acordada estableció «fijar en 4.732 los cargos de la planta de personal de la Corte Suprema» y asignó en el rubro «gastos en personal» la suma de 150.279.021.628 pesos, lo que significa que cada trabajador percibirá en promedio 2.646.502,9 pesos por mes.
El cálculo, claro está, es un promedio: un juez de la Corte no cobra lo mismo que un ordenanza.
«En materia de recursos humanos se ha previsto la cuantificación de los cargos existentes y necesarios de este Tribunal que conforman su estructura funcional», expresó el documento.
«Se han realizado las previsiones de gastos teniendo en cuenta la proyección estimada de recursos, manteniendo de esta manera el equilibrio fiscal y preponderando el criterio de establecer los requerimientos de manera prudente y moderada, potenciando los recursos materiales y humanos de manera eficiente», explica la Acordada.
Se trata –dice el documento- de «los valores impostergables que aseguren el accionar de la justicia».
La Acordada contiene una crítica al Poder Ejecutivo Nacional, que a través de la Subsecretaría de Presupuesto dependiente del Ministerio de Economía «ha comunicado los ´techos presupuestarios´, los que resultan insuficientes para el nivel de necesidades mínimas de esta Corte Suprema».
Los tres jueces que firmaron la Acordada consideraron que «corresponde seguir solicitando al Poder Ejecutivo Nacional la incorporación de los aportes correspondientes» y que «es necesario garantizar la autarquía financiera–Autarquía Judicial- y continuar con las gestiones que permitan la plena autonomía presupuestaria».
El presupuesto comprende sólo a la Corte Suprema y no al resto del Poder Judicial nacional y federal, cuyo cálculo para 2024 le corresponde al Consejo de la Magistratura.
