Ante la decisión del presidente electo, Javier Milei, de suspender la mayoría de las obras públicas para intentar poner en orden las cuentas públicas, la incertidumbre se apoderó de parte de la región de Vaca Muerta, en Neuquén, donde se ubica uno de los yacimientos de hidrocarburos más importantes del país, según fuentes sindicales.
Ya se concretaron los primeros 500 despidos, denunció la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).
«A más de 500 compañeros les mandaron el telegrama con el cese laboral», puntualizó el secretario adjunto del sindicato, Juan Carlos Levi. Según el dirigente gremial, las primeras 300 desvinculaciones se produjeron en La Calera, con Tecpetrol, una de las firmas contratistas del grupo Techint; y luego continuaron en Loma Campana, con las firmas de AESA y PECOM, que le prestan servicios a YPF.
Pero desde Techint aclararon a Noticias Argentinas que «Tecpetrol no tiene nada que ver. Hubo un grupo de operarios que terminó de hacer una obra con Pluspetrol, que no era parte de la obra pública, sino particular para esa empresa, y al terminar el trabajo tomaron el seguro de desempleo que tiene el sindicato.
Techint está finalizando un contrato de construccion de una planta de procesamiento para Pluspetrol, cliente privado. Cuando se termina una obra, se desmoviliza la gente», explicaron fuentes de la compañía.
Desde la UOCRA dijeron que buscan «reincorporar a los trabajadores afectados, en medio de las dudas generadas por las declaración de Milei de suspender la inversión en obra pública».
«La actividad de la construccion es por su propia naturaleza temporaria, y sujeta a los tiempos de la obra, en este caso privada, que esta concluyendo», respondieron, en tanto, fuentes de Techint.
«Hay una incertidumbre empresarial. Siempre hubo transiciones y con quién hablar para avanzar en esos temas. Hoy no se está ese camino», remarcó el sindicato, en medio de una intensa puja política.
Levi también denunció que en la Patagonia «la obra pública viene parada hace rato», haciendo referencia a proyectos como Vaca Muerta Sur y La Calera II, que deberían haber comenzado en septiembre y octubre, y el parate en las rutas 17 y 51. Además, reconoció que tampoco podrán solicitar ayuda a los intendentes locales, ya que «apenas alcanzan a pagar los sueldos de los empleados municipales».
«Nosotros vemos bastantes complicaciones. Si esto sigue así, no van a enviar 500 telegramas, van a ser muchos más», advirtió Levi.
Días atrás, la Uocra emitió un comunicado en el que expresó su «profunda preocupación» por los dichos del mandatario electo sobre el «futuro de la obra pública», y determinó el estado de alerta de la organización gremial. En un documento, firmado por el secretario general del sindicato, Gerardo Martínez, se pronunció en defensa de los 220 mil puestos de trabajo en las obras públicas que actualmente están en ejecución y rechazó las afirmaciones del líder de La Libertad Avanza (LLA) que «arriesgan la continuidad laboral de esos trabajadores».
«El actual Gobierno aún en ejercicio tiene garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias hasta diciembre próximo, lo que de hecho asegura la normal continuidad de las obras en curso, por lo que no hay argumentos válidos para justificar despidos, lo que no contribuye a la paz social», dijo la organización sindical.
Luego del triunfo electoral del balotaje del 19 de noviembre, Milei ratificó su promesa de campaña electoral de que «la obra pública se termina» y que el financiamiento de infraestructura se llevará a cabo «a la chilena», con fondos del sector privado debido al ajuste presupuestario que el dirigente libertario aplicará en el Estado nacional.
«Creo que estos anuncios está haciendo ruido en todos lados y no le hace bien a nadie», consideró el dirigente sindical. «Los 200 mil telegramas de despido ya andan dando vueltas. Hay cosas que se tienen que revertir, que no se pueden frenar de la noche a la mañana. Hay cosas que se han hecho mal, pero no hay que generalizar y meter a todos en la misma bolsa porque sin diálogo se va a generar más confrontación y choque. Nadie se ha acercado ni pedido para hablar de la transición», insistió Levi en declaraciones radiales.
Según los cálculos gremiales, cerca de 10 mil trabajadores están sin tareas y sin actividades porque las obras públicas están paralizadas. Desde la sede central de la UOCRA están monitoreando lo que ocurre con el empleo y la continuidad de los proyectos.
«Las empresas y operadoras tienen incertidumbre, pero sobre todo el que peor la pasa es el trabajador», consideró el dirigente gremial. «Todos estamos con expectativa. El obrero de la construcción es parte de la sociedad. La dignidad no pasa solo por el trabajo, todos los habitantes argentinos necesitan vivienda, educación y sanidad», dijo sobre el ajuste que se avecina.
