Este escenario es donde se apoya el gobierno para decidir primero ir por la reforma laboral y luego la del sistema de seguridad social: “Si aportan más no se puede financiar”, es la frase que utilizan para justificar la secuencia.
El dato más alarmante: 1.8 aportantes por beneficiario
Datos publicados por ASAP revelaron que entre enero y junio de este año la cantidad de aportantes se redujo en 101.347.
El índice de dependencia previsional sigue siendo el indicador más alarmante: la relación actual es de 1.8 aportantes por cada beneficiario, cifra inferior a la recomendada de tres por uno.
La escasez de recursos generada por este desequilibrio se traduce directamente en una caída significativa del poder adquisitivo de los haberes.
El bono congelado y la licuación de haberes
El haber medio por titular a septiembre de 2025 fue de $ 675,510 y su capacidad de compra se redujo 4.9% interanual, sufriendo un recorte del 12% desde que asumió el actual gobierno (noviembre de 2023) y del 24% en los últimos cuatro años.
La situación más grave es la de aquellos beneficiarios que dependen del bono complementario.
La decisión de congelar el monto máximo de este refuerzo en $70,000 desde marzo de 2024 constituyó, de hecho, una reducción efectiva de haberes para el 52.2% de los titulares del SIPA, aproximadamente 3.2 millones de personas.
Para 2026 no hay prevista actualización de haberes más allá de los ajustes por inflación, ni tampoco del bono. El gobierno busca así licuar el peso de la ayuda adicional dentro de la estructura de las cuentas públicas nacionales.
El panorama a corto plazo es desalentador: el aumento de 2.1% previsto para noviembre probablemente estará por debajo de la inflación proyectada, lo que agudizará la pérdida de poder de compra de cara a fin de año.
Menos beneficios por el fin de la moratoria
El informe de ASAP indicó además que por la eliminación de la moratoria se registró una disminución de 22,412 beneficios en el tercer trimestre de 2025, marcando el primer retroceso desde que finalizó la moratoria previsional establecida por la Ley 27.705 en marzo de este año. Esto ocurre a pesar de que el Parlamento había aprobado una extensión de la moratoria por dos años, la cual fue vetada por el Poder Ejecutivo.
fuente NA
