La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un paro nacional docente para el próximo miércoles 10 de agosto, en reclamo contra la «criminalización» de un gremialista que causó incendios en la Legislatura de Chubut.
Santiago Goodman, exsecretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech) fue declarado culpable por «incendio gravoso» durante una manifestación de septiembre de 2019.
El sindicato se manifestó en contra de la «judicialización de la protesta social y la condena a Santiago».
Señalaron que el incidente tuvo lugar «luego de una manifestación pacífica de los sectores sindicales y sociales» cuando las docentes Jorgelina y María Cristina murieron en un accidente después de una movilización.
Por su parte, la secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Angelica Graciano, remarcó este lunes que «el miércoles no habrá clases en todo el país», en el marco de un paro nacional definido días atrás por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
Asimismo, Ctera planteó a través de un comunicado que se trata de «una causa armada, con espionaje ilegal, en medio de una situación social grave en la provincia con atraso de salarios de dos y tres meses, con un ajuste salvaje».
En comunicación con el medio radial La Patriada, Graciano aseguró: «Tenemos derecho a reclamar», y en esa línea agregó: «Estamos rechazando cualquier tipo de persecución a los dirigentes sindicales» por la «muy grave la situación institucional de Chubut».
Además, la titular de UTE aprovechó la ocasión para destacar que «nuestros jubilados docentes solo han recibido un 9 por ciento de aumento en el mes de marzo», por lo cual enfatizó: «Tenemos la próxima cuota en septiembre y desde abril estamos pidiendo que se la adelante, no nos dan respuesta».
En este sentido, el gremio reclama la apertura de las paritarias provinciales, la «trimestralización» y aumento de emergencia a los jubilados docentes nacionales y la resolución de los conflictos gremiales en Mendoza, Santa Fe, San Luis y Corrientes.
