Los abogados de cuatro mujeres detenidas en el marco del desalojo de integrantes de la comunidad mapuche en Villa Mascardi pidieron a la jueza federal local Silvina Domínguez que deje sin efecto la orden de traslado al penal de Ezeiza para su alojamiento temporario mientras se resuelve su situación procesal.
Andrea Reile y Ezequiel Palavecino presentaron el pedido de «reposición y/o revocatoria con apelación en subsidio» en el marco de la causa por «incendio y atentado contra la autoridad» en la que están detenidas Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despol, Florencia Melo y Débora Vera.
La magistrada dispuso en la víspera «el traslado para el alojamiento de las detenidas», en tanto que otras dos mujeres lactantes representantes de la comunidad mapuche permanecerán en la provincia de Río Negro.
Los letrados rechazaron la decisión judicial de «trasladarlas a más de 1.600 kilómetros de su grupo familiar y lugar habitual de residencia, atento que dicha medida les causa un perjuicio adicional a su privación de libertad».
En ese sentido, sostuvieron que «deben agotarse las posibilidades de alojarlas en algún lugar provincial o municipal adecuado o resolver su situación procesal. Incluso el hospital local, con la debida custodia, sería un lugar más adecuado y cercano con sus familias, sus tradiciones y sus abogados defensores».
El planteo subrayó que «el nuevo protocolo del Servicio Penitenciario Federal indica que no se podrá ordenar el traslado de personas privadas de libertad embarazadas o aquellas a las que se haya autorizado a permanecer junto a sus hijas o hijos en el establecimiento penitenciario».
«Es tan equivocada la resolución impugnada que carece de perspectiva de género, impidiendo que cualquier mujer sea detenida aun preventivamente en esta ciudad dado que una de las detenidas está embarazada, todo lo cual además hace más riesgoso el traslado», añade el escrito.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos repudió la decisión de la jueza.
«Utilizando la famosa y para nada prestigiosa doctrina `antiterrorista´ en abierta violación de tratados internacionales de derechos humanos y de la Constitución Nacional que reconoce la identidad y preexistencia de los pueblos originarios, pretende sacar de su tierra para aislar a las personas de su entorno y comunidad, lo que en el caso de las personas mapuche con un fuerte arraigo espiritual a sus tierras reviste una doble saña que no debemos tolerar», sostuvo la organización en un comunicado.
