Un informe privado destacó que si se eliminaran todas las exenciones de impuestos se podría eliminar el déficit fiscal, puesto que su costo fiscal equivale a casi al 2,7% del Producto Bruto Interno (PBI).
El informe corresponde al Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) que dirige el economista Jorge Colina.
Esta semana la Cámara de Diputados se apresta a avanzar en la sanción del Presupuesto 2023, el cual prevé incluir a todos los jueces y empleados de la Justicia en el Impuesto a las Ganancias.
El informe de IDESA señala que el costo fiscal de la exención del tributo para el Poder Judicial es de 0,2% del PBI.
«Las exenciones de impuestos para determinados grupos de trabajadores, organizaciones, sectores y regiones son moneda corriente en el sistema tributario argentino», indicó el escrito.
El trabajo plantea que «en el proyecto de Presupuesto 2023 se enumera y se estima de manera aproximada su costo».
«Consisten, por un lado, en unas 40 eximiciones y reducciones de alícuotas en el IVA, Impuesto a las Ganancias, a los Combustibles, a bienes de consumo, a los Bienes Personales y al cheque», detalló el reporte.
Además, el informe sostiene que hay exenciones y reducciones de cargas sociales «en 17 regímenes de promoción en beneficio de actividades industriales, no industriales, minería, bosques, biocombustibles, bienes de capital, autopartistas, industria del conocimiento, naval, pymes y –el más grande y emblemático– régimen de promoción de Tierra del Fuego».
Todos ellos suman el 2,7% del PBI, mientras que IDESA estima que el déficit primario de este año llegará al 2,8% del PBI.
«Estos datos muestran que el costo fiscal de la eximición del Impuesto a las Ganancias de jueces y empleados judiciales es relevante, pero mucho más importante es el costo del resto de las eximiciones contempladas», explicó el informe.
Recientemente, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó su «rechazo a la incorporación, en el proyecto de ley de presupuesto nacional, de una cláusula que pretende -una vez más- violentar la cláusula constitucional que protege los salarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos».
Julio Piumato, secretario general del gremio de trabajadores Judiciales, sostuvo: «Es absolutamente inaceptable que en plena crisis económica se trate de cargar las tintas sobres los y las trabajadoras como posible variable de ajuste».
«El banquero (Carlos) Heller, impulsor de esta ridícula medida, quien supo tener una AFJP para esquilmar a nuestros queridos jubilados ahora, pretende que el pueblo trabajador soporte los despilfarros económicos que generaron sus amigos especuladores financieros», señaló Piumato.
