El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti pidió al presidente de ese tribunal, Horacio Rosatti, «el inmediato desplazamiento del director general de su vocalía, Silvio Robles, por graves faltas éticas».
«Es doloroso hacer un planteo de esta naturaleza, pero es inevitable si realmente pensamos en el país, en la institución y en la sociedad», escribió el oriundo de Rafaela, en un documento firmado el 22 de noviembre de 2022 (el segundo día hábil después del balotaje que consagró presidente a Javier Milei) pero sólo conocido ahora.
Silvio Robles es el principal colaborador de Rosatti y apareció en la filtración de chats de meses atrás en supuestos diálogos con el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro intercambiando información y opiniones sobre el reclamo de la Ciudad por la coparticipación y la disputa por una banca en el Consejo de la Magistratura.
Lorenzetti invocó esa situación -aunque aclarando que sin avalar las filtraciones-: «han existido publicaciones en distintos medios y en redes sociales señalando que el funcionario habría tenido reuniones con diversas personas en varios casos que tramitaron ante esta Corte. En esas reuniones habría transmitido información interna acerca del estado en el que están, los votos que tienen cada uno de ellos y se habría comprometido a acelerar o demorar el procedimiento».
«Todo ello –abundó- se agrava porque el funcionario invoca hablar en representación de tres ministros, a los que llama despectivamente ´el tridente´ o ´los tres mosqueteros´. Existen publicaciones que mencionan estos hechos, lo cual es suficiente para promover un sumario. Pero, además, hay numerosos testigos dentro y fuera de esta Corte, que deberán ser citados a declarar en el período de prueba, una vez que se ordene la instrucción del sumario».
Lorenzetti le reprochó a Robles que «no ha ejercido ninguna acción destinada a brindar la información sobre esas imputaciones, como corresponde a un funcionario público alcanzado por el deber republicano de dar cuenta de sus actos. Por el contrario, ha dedicado todos sus esfuerzos a evitar que se aclare, sin siquiera sentir el pudor esperable frente a la envergadura y estado público de la cuestión».
«Se ha negado a presentar su teléfono para que sea peritado y a dar cualquier tipo de explicación. Y, además de negarse, ha deducido todo tipo de recursos para evitar ser investigado. Aunque pueda objetar la legalidad del requerimiento, un funcionario de la Corte Suprema debería haber ofrecido otras vías para definir su situación», indicó.
«Esa conducta reticente –advirtió- genera la sospecha de que algo tiene que ocultar, y ello produce un grave daño a la imagen pública de la Corte Suprema».
Además, Lorenzetti recordó a Rosatti que «esta Corte, a través de su presidente actual, ha dicho que siempre hay que ponerse a disposición para el esclarecimiento de los hechos».
«No es correcto que esa obligación recaiga sobre los demás y no sobre un funcionario de su vocalía que lo representa en todos los ámbitos públicos», contrapuso.
La nota da cuenta, además, de una situación desconocida hasta ahora: la supuesta «decisión (de Rosatti) de paralizar todo tipo de decisiones hasta que terminen o el juicio político o el proceso electoral».
«Nunca entendí que ello significara ocultar esperando que el paso del tiempo haga olvidar, porque la sociedad no olvida; siempre reclama», advirtió el ex presidente del máximo tribunal.
En ese mismo sentido, destacó que recurrió a una nota formal porque no encontró eco en sus pedidos informales a través de diálogos con otros jueces de la Corte «durante varios meses».
