El Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, se excusó de intervenir en el juicio por la expropiación de YPF que tramita en Nueva York, por haber emitido una opinión técnica de la causa años atrás.
La excusación de Barra para actuar en el caso Petersen Energía Inversora S.A.C. y Petersen Energía S.A.U contra la Argentina y la petrolera estatal, fue aceptada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 283/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
El documento oficial explicó que la decisión de Barra se debe a que «ante una eventual actuación por su parte en dicho proceso podrían percibirse afectadas su independencia de criterio o su imagen pública, en razón de haber emitido una opinión técnica de experto en Derecho Administrativo argentino, el 11 de octubre de 2021, a solicitud del Administrador Concursal designado en los procesos concursales de las sociedades Petersen Energía Inversora S.A.C. y Petersen Energía S.A.U., radicados ante el Juzgado de lo Mercantil N° 3 de Madrid, Reino de España».
De esta manera, el Ejecutivo consideró pertinente que «con el fin de garantizar la mayor transparencia e imparcialidad en cada uno de los actos de Gobierno, corresponde hacer lugar a la solicitud efectuada por el Procurador del Tesoro de la Nación por las razones expuestas como fundamento de su excusación».
A partir de ahora la defensa argentina quedará en manos del Subprocurador del Tesoro, que debe «reemplazar al Procurador del Tesoro en caso de ausencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia», según determina la ley 18.777 que regula al organismo.
Actualmente los subprocuradores son Andrés De la Cruz y Marcos Serrano.
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El estado de la causa.
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En septiembre de 2023, la Argentina fue condenada por la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, a pagar US$16.000 millones al fondo Burford Capital, titular de los derechos de las sociedades Petersen y Eton Park. El Estado nacional se niega a abonar dicho monto y los intereses ascienden a unos 414 millones de dólares.
Los abogados demandantes pusieron en una lista de presuntos activos embargables a las acciones de YPF en manos del Estado, las concesiones para los recursos naturales, los aviones de Aerolíneas Argentinas, bienes de Arsat, Energía Argentina (Enarsa), el Banco Nación y hasta el swap con China. Además, pidieron conocer cada movimiento de dinero del Banco Central (BCRA) al exterior.
La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la defensa del país, había argumentado en febrero que Estados Unidos no puede tener injerencia para fallar sobre leyes argentinas, por hechos ocurridos en territorio argentino con empresas nacionales.
Argentina apeló el fallo en contra y ahora apuesta al respaldo de países latinoamericanos. En ese sentido, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador se presentaron como «amicus curiae» para defender el argumento soberano: que las decisiones de los Estados no son judicializables en tribunales extranjeros.
