El cuadro de situación que rodea a Flybondi ya no encuadra meramente en una crisis comercial o financiera; expone un colapso sistémico que desnuda una flagrante pasividad estatal y abre severas sospechas de protección oficial.
La aerolínea de bajo costo acumula hoy 13 días consecutivos con su flota completamente en tierra, mientras que el apagón absoluto de su plataforma virtual suprime de facto cualquier canal para que los damnificados puedan reclamar o exigir devoluciones. Pese a este escenario de parálisis total e insolvencia manifiesta, la autoridad regulatoria no le impide continuar ofertando y cobrando pasajes para vuelos que materialmente no se van a concretar.
La sombra de la protección y la inacción regulatoria
El principal interrogante que sacude al sector aerocomercial es de índole institucional: ¿por qué se le permite a una aerolínea inoperativa seguir comercializando pasajes fantasmas? La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ha quedado en una posición insostenible tras ratificar la habilitación técnica de la firma bajo el argumento formal de carecer de herramientas para una suspensión preventiva.
En los hechos, la inacción del ente de control actúa como un salvoconducto que habilita a la empresa a seguir recaudando a costa de los pasajeros. La gravedad del caso se profundiza al observar que, mientras Brasil resolvió prohibir la venta de pasajes de la aerolínea en resguardo de sus consumidores, en el mercado doméstico argentino el organismo regulador tolera que una compañía sin aviones disponibles y con cuentas embargadas continúe vendiendo servicios inviables.
Apagón digital: la anulación total del derecho a reclamo
El desplome del sitio web institucional —congelado en un error técnico 504 (Gateway time-out)— representa la faceta más abusiva de la crisis. No se trata de un simple desperfecto de servidores: la desconexión total del sistema clausura la única vía existente para gestionar cambios, exigir reembolsos o solicitar certificaciones de cancelación.
Miles de usuarios se encuentran en un estado de indefensión jurídica absoluta. Desde enero a la fecha, las cancelaciones superaron los 2.400 servicios regulares y afectaron a casi 400.000 personas. Al no haber canales digitales ni oficinas físicas operativas, se estima que el pasivo retenido por pasajes cobrados y no volados excede los 19 millones de dólares, una masa de acreedores particulares que, de concretarse el inminente concurso preventivo, quedará marginada en la cola de cobro de los tribunales.
