Las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur reclamaron aumentos de tarifas de entre 28% y 34% para clientes residenciales, y de hasta 45% para el resto de los usuarios, en el marco de la audiencia pública en la que se debatió el ajuste que en forma transitoria regirá hasta 2023.
Con la participación virtual de unos 150 oradores, se llevó a cabo la audiencia previa a la decisión que deberá tomar el Gobierno respecto de los cuadros tarifarios de electricidad, congelados desde hace dos años.
En caso de que el Ejecutivo no acceda a ajustar las tarifas, Edesur pidió subsidios por 34.260 millones de pesos para poder mantener el servicio, mientras que Edenor reclamó unos 20.000 millones.
En su intervención en la audiencia, el presidente y CEO de Edenor, Ricardo Torres, puntualizó que «si el requerimiento de fondos se trasladara exclusivamente a los clientes, el incremento sería del 28% en promedio para los clientes residenciales».
El directivo aseguró que el aumento promedio de todos los clientes de Edenor debería llegar al 31% para poder mantener el servicio.
«Recordemos que en estos dos años los salarios subieron 90% y la inflación superó el 120%», puntualizó Torres en su presentación.
Agregó: «Todos los ingresos de la compañía se reinvirtieron.
Entre 2013 y 2020 invirtió en la red eléctrica más de US$ 1.700 millones».
Asimismo, dijo que la distribuidora redujo la duración de los cortes un 63% y la cantidad bajó un 51,5% y precisó que «Edenor no distribuye dividendos a sus accionistas desde hace 20 años».
«Edenor no tiene forma de mantener las operaciones sin fondos suficientes y por eso ha tenido que volver a endeudarse con el mercado eléctrico mayorista desde hace un año», puntualizó.
A su turno, el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco, planteó la «necesidad de recomponer los recursos del sector eléctrico».
Indicó que el 66% de los clientes residenciales paga menos de $ 1.000 por mes.
El directivo planteó dos opciones para la recomposición de los cuadros tarifas: un ajuste a partir del 21 de abril y otro desde agosto.
«El impacto en la tarifa residencial sería del 34% y en el promedio del resto de las categorías del 45%. La segunda opción establece subsidios por un valor de $34.260 millones sin cambio de cuadro tarifario», indicó.
En otro orden, sostuvo que «la calidad del suministro mostró una importante mejora entre el período marzo y febrero de 2017/18 y contra marzo 2020 y febrero 2021».
Según datos auditados por el ENRE, se redujo la duración de los cortes 59%, mientras que la frecuencia de los cortes cayó 40%.
«De los últimos 20 años, el sector eléctrico operó 18 bajo emergencia», sostuvo el dirigente y puntualizó que «mientras las tarifas se mantuvieron congeladas, los salarios aumentaron un 82% entre marzo de 2019 y diciembre de 2020, la inflación del consumidor fue del 95% y la inflación mayorista trepó a 121%».
Jimena Latorre, diputada nacional por Mendoza del radicalismo, sostuvo que con la audiencia el Gobierno «solo quiere llegar a las elecciones con tarifas congeladas».
Señaló que «este avasallamiento institucional y normativo empezó con la Ley de Emergencia 27.541 y la declaración de Emergencia Energética».
En cuanto a la intervención, Latorre afirmó: «Ha excedido los plazos, sin mostrar resultados, para llegar así a las próximas elecciones con tarifas congeladas. No es más que una politización de los Entes que fiel al relato populista esconde la realidad sólo para contener al votante».
