Por José Calero.
El sostenido repunte en la campaña de vacunación contra el coronavirus permitirá atenuar la incertidumbre sobre el futuro de la peste, pero no aleja por ahora las dudas sobre qué ocurrirá en las próximas elecciones legislativas.
Es que la conformación del entramado de poder en el Congreso se definirá en las elecciones de noviembre, una vez más, sobre todo por la situación económica de la gente.
En eso coinciden la mayoría de los sondeos de opinión, y por eso el Gobierno busca acelerar la recuperación de un nivel de actividad que había descendido al subsuelo el año pasado.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, viene difundiendo datos alentadores: dijo que la actividad ya estaba en abril último apenas por debajo de febrero del 2020, antes de la llegada de la pandemia, y vaticinó una sostenida recuperación para la segunda mitad del año.
Sostuvo que ese repunte viene liderado por la construcción, y destacó que la industria y el comercio están contribuyendo en forma gravitante.
Todos datos que deberán confirmarse en los próximos meses para saber si el Gobierno tendrá la ayuda de estos indicadores para lograr el objetivo de consolidar espacios en el Congreso.
Es que el aislamiento severo al que obligó la pandemia en distintos momentos del 2020 y algunos de este año, terminó de liquidar a una economía que venía en proceso de deterioro desde el 2018, pero cuyo proceso de declive se remonta al menos a 2011, cuando -entre otras medidas- Cristina Kirchner echó mano del cepo cambiario.
Esa medida, que dispara una brecha entre los dólares oficial y paralelo, volvió a aplicarse y a diario intenta disimularse desde el discurso oficial.
Pero empieza a ser vista por los analistas económicos como madre de buena parte de los males que sufre la Argentina, aunque otra biblioteca advierte que al país no le quedaba otra que implementar restricciones cambiarias, porque de lo contrario el mercado se hubiese llevado puesto al gobierno.
Durante su administración, Mauricio Macri quiso demostrar que sería capaz de arreglar con los fondos buitres y salir del cepo cambiario casi al mismo tiempo.
El experimento fracasó y dejó al país otra vez en el peor de los mundos, con una enorme pobreza y una deuda sideral con el FMI, que por estas horas supera los US$ 45.000 millones y cuya renegociación es imprevisible.
La pobreza, un problema agravado en la Argentina por una inflación que la dirigencia política ha sido incapaz de solucionar -gobierne quien gobierne-, supera el 60% en algunas zonas del conurbano profundo.
En 2020, el costo de vida se disparó 36,1%. Este año el panorama es aún más negativo, y por eso los principales gremios ya se adelantaron y pactaron paritarias que superan en un 55% la pauta inflacionaria calculada en el Presupuesto.
Economía proyectó 29% para todo el 2021, pero los sindicatos más fuertes están cerrando en el 45%.
El Gobierno trata de disimular el enorme error de cálculo y prefiere destacar que los salarios esta vez sí le ganarán a la inflación (cada cual se defiende como puede), aunque tal vez ni siquiera eso ocurra, porque el sondeo que realiza todos los meses el Banco Central proyecta alzas de precios por encima del 48%.
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El país de los subsidios.
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En el interior del país el deterioro social se nota algo menos que en el AMBA, porque familias enteras sobreviven como empleados públicos, lo cual a su vez los termina convirtiendo en rehenes de castas políticas que detentan el gobierno desde hace décadas.
A nivel nacional, casi 28 millones de ciudadanos reciben ingresos monetarios directos de parte del Estado Nacional, según surge de sumar los datos incluidos en el último informe que la Jefatura de Gabinete presentó ante el Congreso.
En la mayoría de los hogares, esa transferencia representa la única vía de subsistencia.
Para otros, permite paliar las menguadas entradas por changas y trabajos mal remunerados, sin cobertura médica ni aportes previsionales.
Lo que no se debe perder de vista es que ese escenario no fue sólo producto de la pandemia: sólo se agravó por un virus con enorme capacidad de daño que ya está cerca de matar a 100 mil personas en el país.
La crisis económica y social de la Argentina no es sólo producto de la emergencia sanitaria.
Se agravó durante la fenomenal crisis generada por la COVID- 19, pero los fundamentos económicos y sociales del país ya venían en caída libre desde hace mucho tiempo.
Cuando empezó la pandemia, casi 22 millones de personas ya percibían algún subsidio del Estado, llámese asignación por hijo o cualquier otros nombre que los identifique.
El 22% (6,2 millones de personas) de quienes reciben transferencias estatales se sumó a la lista en virtud de la pandemia.
Con una población de 45 millones de personas, más del 60% de los argentinos depende de una transferencia del Estado para sobrevivir, lo cual representa una enorme responsabilidad para los líderes políticos.
Pero también, en un año electoral, constituye una ventaja sin precedentes para influir sobre el resultado de los comicios, que plantea un interrogante sobre hacia donde va el sistema republicano de gobierno.
Antes de que la pandemia terminara de partir al medio al país, más de 20 millones de personas recibían algún tipo de subsidio en la Argentina.
El año pasado, más de 9 millones de personas percibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Representó un desembolso cercano a los 300.000 millones de pesos que salieron de las arcas del Tesoro sólo para ese destino.
En abril de 2020 -el mes que arrojó los peores resultados de actividad económica- se implementó el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Las empresas fueron asistidas con hasta el 50% del salario de los trabajadores formales, y en el peor momento se llegó a dar asistencia a 2,5 millones de empleados.
A fines de 2020 ese programa fue finalizado por el Gobierno, en medio del desequilibrio fiscal que el ministro de Economía, Martín Guzmán, venía tratando de sobrellevar con emisión monetaria y endeudamiento.
El ATP fue reconvertido al REPRO, una ayuda que estaba en 18.000 pesos y luego fue subida a 22.000, y que en mayo último fue recibida por casi 1,2 millones de trabajadores y cuentapropistas.
Sólo en REPRO, se estima que el Tesoro desembolsó unos 25.000 millones de pesos en mayo pasado.
Además, el IFE fue reemplazado por la tarjeta Alimentar: un depósito de dinero para madres con niños de hasta seis años, que ahora se amplió hasta los chicos de 14.
Casi 4 millones de personas lo reciben y llega a los 12 mil pesos en caso de tener tres hijos o más.
Representa una ayuda, pero alcanza poco para una canasta de indigencia que en el caso de una familia tipo llegó a 27.423 pesos en mayo último, según el INDEC.
El circuito de ayuda estatal no termina ahí: hay que sumar múltiples formas de ayuda administradas por provincias y municipios.
Y a esto se le deben agregar los subsidios incluidos en las tarifas de gas y electricidad en el AMBA que fueron, y siguen siendo, motivo de debate en el equipo económico.
Todo indica que esas ayudas se intentarán mantener al menos hasta el día de las elecciones de noviembre próximo.
Tras esos comicios, como cuando Cristina Kirchner aplicó el cepo cambiario una vez que se aseguró haber logrado la reelección en 2011, tal vez el Gobierno deba barajar y dar de nuevo, y encarar un ajuste y una devaluación.
(*) Jefe de Economía de la agencia NA.
