En marzo de este año se registraron 800 mil desocupados más que en el 2011 en la Argentina, en medio de un fuerte deterioro de la creación de «empleo de calidad», advirtió un informe de la Fundación Mediterránea.
Por José Calero
De acuerdo con un análisis sobre cifras oficiales, entre marzo de 2012 y el mismo mes de 2021, la nómina de empleados estatales creció de manera sostenida, con un acumulado del 24,4%.
En cambio, el empleo asalariado privado alcanzó su máximo de contratación en abril de 2018 (6,3 millones de trabajadores), tras lo cual se inició una destrucción persistente del empleo privado, que se agudizó en 2020 por los efectos del confinamiento producto de la pandemia.
La cantidad de puestos de trabajo privados perdidos sólo en los últimos tres años se acerca a 440 mil.
El dato se conoce en momentos en que existe un fuerte debate en el sector privado, que mira de reojo lo que considera un intervencionismo cada vez mayor en la economía por parte de la administración de Alberto Fernández.
También cuando trascendieron cuestionamientos del Departamento de Estado norteamericano a las presiones tributarias existentes en el país y el clima de negocios, basado en reportes de las empresas estadounidenses que operan en la Argentina.
Ante ese escenario, la Mediterránea alertó sobre un escenario de impacto negativo sobre el esquema laboral y previsional.
Dijo que «retornan las moratorias previsionales, tras una década con importante aumento en los beneficiarios de la seguridad social y un marcado deterioro en la creación de empleo de calidad».
Para esa fundación, en la «última década estanflacionaria, la economía argentina exhibe cifras muy poco alentadoras en el mercado laboral».
«En 2021 se registran 800 mil desocupados más que en 2011, pese a que desde entonces casi 2,5 millones de personas han pasado a la categoría de inactivas», indicó el instituto IERAL de esa fundación, en un informe sobre la situación laboral y previsional.
El trabajo advierte, además, que en la última década «lo único que se expandió fue el empleo público (alrededor de 600 mil puestos adicionales) y el cuentapropismo (+1,5 millones), ya que se han destruido 136 mil empleos asalariados formales y 425 mil informales».
«Al mismo tiempo que se deterioraba la calidad del empleo, aumentaba en forma notable la cantidad de programas de ayuda social, caso de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo (AUH y AUE), que alcanzan actualmente a 4,4 millones de beneficiarios», alertó.
Explicó que «un fenómeno análogo se dio en el plano previsional, haciendo que para 2016 los beneficiarios de moratorias superaran a quienes habían hecho los aportes exigidos por la ley».
En 2020, el universo de beneficiarios con moratoria alcanzó a 3,6 millones de personas, mientras que los jubilados y pensionados sin moratoria sumaron 3,2 millones.
Para morigerar el aumento en el gasto previsional, recordó que la anterior administración creó la Pensión para el Adulto Mayor (PUAM), que comenzó a regir en 2016.
A diferencia de los beneficios de la moratoria, la PUAM representa el 80% de un haber mínimo, se otorga a mujeres y varones de 65 años y no puede transferirse o trasladarse al cónyuge luego de que fallece la persona beneficiaria.
Además, exige condiciones más estrictas para el acceso al beneficio, comparado con las tradicionales moratorias.
La entidad señaló que en los últimos días se conocieron los detalles de una nueva moratoria («Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado»), destinada a mujeres que, en edad de jubilarse, no cuentan con los aportes suficientes para hacerlo.
«Se estima que 155 mil personas podrían acceder de manera inmediata, pero en lugar de canalizar el beneficio a través del PUAM, se ha decidido recurrir nuevamente al reconocimiento de beneficios contributivos, que dejan equiparadas a las personas que aportaron los 30 años que exige la ley con quienes no lo hicieron o lo hicieron sólo parcialmente», cuestionó.
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Cuánto se hubiese ahorrado con la pensión PUAM.
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La Mediterránea estimó el ahorro fiscal que habría significado aplicar un sistema como el PUAM, en lugar de las moratorias generalizadas instrumentadas desde 2005.
«El fisco hubiese ahorrado un promedio anual de 122.887 millones entre 2006 y 2020, o 0,45% del PIB de 2020», indicó.
El ahorro acumulado en 15 años ascendería al equivalente a 6,8% del PIB de 2020, destacó.
Esto porque la PUAM representa un 80% del haber previsional mínimo, pero sin considerar el exceso de gasto incurrido por el acceso a las moratorias por parte de personas de ingresos medios y altos.
La ejecución fiscal de junio podría ser el punto de inflexión a partir del cual el déficit vuelve a ampliarse, al menos durante el segundo semestre.
Desde octubre de 2020, y especialmente en el primer semestre de 2021, la política económica «transita entre las intenciones del ministro Martín Guzmán de mejorar las cuentas fiscales, para evitar desbordes monetarios e inflacionarios a futuro, y aumentar la probabilidad de un acuerdo con el FMI, por un lado, y la presión del ala política del gobierno, por el otro», indicó el reporte.
Explicó que «los números de junio todavía juegan a favor de Guzmán, en el sentido que el aumento interanual de los recursos (90%) supera holgadamente a la inflación (50%), y ésta supera claramente a la suba del gasto (40%)».
Pero advierte también que junio «es el mes en el que comienzan a detectarse señales de cambio de tendencia, particularmente por el lado del gasto».
Explica que en la mayoría de los casos se observa que en junio las erogaciones aumentan más o caen menos que en meses previos, destacándose en este sentido las partidas de Personal, Jubilaciones, Otras Prestaciones Sociales, Subsidios económicos y Transferencias corrientes y de capital a provincias.
«Si se repitiese en el segundo semestre la estacionalidad fiscal típica de años anteriores, al final de 2021 debería verificarse un déficit primario de 1,6% del PIB, muy por debajo del 4,2% presupuestado para este año y del 6,5% observado en 2020», indicó.
Destacó que «si así ocurriera, se trataría de una mejora considerable en la situación fiscal, que allanaría un acuerdo con el FMI».
La Mediterránea advierte que este escenario «se enfrenta con el hecho de que en septiembre y noviembre se desarrollarán elecciones de medio término, lo cual podría inducir mayores erogaciones, algunas ya anunciadas, y que comienzan a impactar desde julio, luego de las primeras señales registradas en junio».
En ese caso, alerta que el 2022 «requerirá ajustes y será difícil lograr que baje la tasa de inflación».
