El gasto en diferentes programas de lucha contra la pandemia de COVID-19 alcanzó en los primeros siete meses del año los $ 220.267 millones, equivalentes al 4,36% del gasto total de la Administración Pública Nacional, un tercio de la proporción que representó en 2020.
La menor participación del gasto relacionado con el coronavirus fue uno de los factores que permitieron al ministro de Economía, Martín Guzmán, mejorar el desempeño fiscal en la primera parte del año.
A su vez, dejarle cierto margen de maniobra para el segundo semestre, en medio de los gastos asociados a la campaña electoral.
El «gasto Covid» no sólo se redujo en valores absolutos y relativos sino también mostró un cambio en su composición, tanto por la supresión de programas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que lideraron las erogaciones a 2021, como por la incorporación de los gastos vinculados a la adquisición, distribución y aplicación de vacunas, que de no figurar en 2020 pasaron a encabezar las prioridades en 2021.
La ley de Presupuesto autorizó créditos por $ 110.125 millones, lo que deja en evidencia la falta de previsión al respecto, ya que en septiembre del año pasado se daba por sentado que el impacto de la pandemia se reduciría y hasta desaparecería en 2021.
La irrupción de la denominada «segunda ola» obligó a modificar las previsiones sobre la marcha y disponer refuerzos para todo el año de $ 296.982 millones, con lo que el crédito vigente para todo 2021 asciende ahora a $ 407.107 millones.
De ese total, en los primeros siete meses del año se ejecutaron gasto por $ 220.267 millones, equivalentes al 54,1% del crédito total, una proporción en línea con el tiempo transcurrido.
En todo 2020, el «gasto Covid» ascendió a $ 917.793 millones, el 13,14% del gasto total de la APN, de acuerdo con informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
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Modificaciones significativas
Un repaso de la composición del gasto en 2020 y lo que va de 2021 permite comprobar modificaciones significativas: en primer lugar, los dos componentes principales del año pasado fueron el IFE ($ 262.281 millones) y la ATP ($ 226.853 millones), con un total de $ 489.134 millones.
Es decir, dos programas que el año pasado representaron el 53,29% del total del gasto vinculado al Covid ya fueron desactivados.
Con menor peso relativo, los dos principales componentes en lo que va de 2021 son novedades que no formaron parte de los gastos del año pasado.
En primer término, las erogaciones relacionadas a la adquisición y traslado de vacunas alcanzaron a $ 49.193 millones, en tanto en la segunda posición se ubicó el programa REPRO II, con $ 43.306 millones.
Si bien ambas partidas presupuestarias son las que lideraran los gastos ejecutados, a su vez figuran entre las de menos porcentaje de ejecución sobre el crédito total del año, con 54,6% y 53,9%, respectivamente.
Al respecto, dos partidas ya completaron el 100% del crédito vigente: asistencia financiera al PAMI ($35.000 millones) y bono a pensiones no contributivas ($3.350 millones).
Con un nivel de ejecución superior al 90% también se encuentran el rezago del sueldo complementario (98,2%), el bono adicional a la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo (97,7%), Apoyo económico para fortalecer la cultura (96,1%) y la Asignación de estímulo al personal de salud (95,4%).
