El Gobierno Nacional envió ayer a la Cámara de Diputados un proyecto que propone modificaciones a las normas vigentes sobre lavado de activos, a fin de adecuarse a los estándares internacionales del caso.
Se trata de una iniciativa que reforma la legislación vigente «sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)».
«Es una verdad incontrastable que los ilícitos mencionados son complejos y afectan la integridad del sistema económico-financiero, tanto nacional como internacional y evolucionan constantemente, no solo en sus formas de comisión, sino también por los medios utilizados a tal fin y los actores que en ellos participan», indicó el Ejecutivo en los fundamentos el proyecto.
El proyecto oficial señala que «en esa oportunidad, se integraron las nueve (9) Recomendaciones Especiales para enfrentar el financiamiento del terrorismo a las cuarenta (40) Recomendaciones del GAFI, se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se requirió a los países que identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos que enfrentan en la materia, posibilitando la aplicación de un enfoque basado en riesgo».
«El carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes», indicó el PEN.
La propuesta se envió en la misma jornada en la que el Gobierno del presidente Alberto Fernández también giró a Diputados un proyecto que responde a una exigencia que el Fondo Monetario Internacional (FMI) había como condición para cerrar el acuerdo por la deuda externa.
Se trata de una ley para conferirle autonomía a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que investiga el lavado de activos.
La iniciativa apunta a crear la Unidad de Información Financiera (UIF) «como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, según las normas de la presente ley».
