Pese a haber recuperado aire en la última sesión, cuando pudo doblegar a Juntos por el Cambio con la aprobación de la prórroga de la ley de fomento a las Industrias Culturales, el oficialismo tiene empantanada su nutrida agenda en la Cámara de Diputados.
La falta de número para conseguir los votos exhibe de lleno sus carencias y es por eso que los debates se van produciendo por goteo. Son varios los proyectos que no tendrán una vía de escape rápida para su tratamiento en el recinto, y que requerirán de una compleja ingeniería de negociación para destrabarlos.
La ley de Alquileres es una de ellos, donde la oposición amenaza con unificar sus dictámenes. La Ley de Renta Inesperada, que impulsa el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, comenzará a ser tratada esta semana, pero sin el combustible suficiente en el motor para carretear.
Lo mismo puede decirse del «impuesto a la fuga» ideado por el kirchnerismo duro para repatriar los dólares necesarios para cancelar la deuda con el FMI. Los votos no están. Pero hay más: la ley de reforma del Consejo de la Magistratura que tiene a todo el bloque oficialismo unido tirando del mismo lado quedó con el freno de mano puesto y su futuro es incierto. La Ley de Compre Argentino, bautizada por Juntos por el Cambio como «Compre Caro» quedó stand by.
Y existe una agenda de proyectos «Kulfas» vinculados a la gestión del ahora ex ministro de Desarrollo Productivo que están estacionados con luz roja, esperando a que el semáforo cambie a verde para avanzar.
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Alquileres.
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El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, convocó a un plenario junto a la comisión de Legislación General para este miércoles a las 13. Existe una alta probabilidad de que la oposición llegue a esa cita con un dictamen unificado a partir de la síntesis del proyecto presentado por Juntos por el Cambio y el que tiene como autores a Graciela Camaño (Interbloque Federal) y Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro).
Estos espacios opositores ya alcanzaron consenso respecto de la necesidad de retrotraer la legislación a los dos años de duración de los contratos de locación, y una actualización semestral de los valores, teniendo en cuenta la volatilidad del mercado inmobiliario y la dispersión de precios, sin valores de referencia claros. También evalúan que las partes deberían tener mayor libertad para pactar el precio de los alquileres sin tener que atarse a un índice determinado por el Estado.
No obstante, el dictamen del interbloque Federal establece un tope para esos aumentos que no pueden superar el acumulado de inflación al momento de la firma del contrato. Además, esta iniciativa incluye incentivos fiscales para quienes pongan sus bienes en alquiler, algo que no había sido incluido en el dictamen de JxC. .
El oficialismo en su dictamen propone (como piden los inquilinos) mantener los tres años de plazo de los contratos y el ajuste anual conforme una fórmula que combina la evolución salarial (RIPTE) con la inflación (IPC). También fija que el aumento que determina la fórmula de actualización de los precios (que combina la variación salarial con la inflación medida por el IPC) será el tope máximo permitido, al tiempo que incluye un capítulo referido a incentivos fiscales para locadores.
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Impuesto a los capitales fugados.
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En el mismo plenario de comisiones se pondrá en debate el proyecto con media sanción del Senado para la creación del «Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se apunta a formar un fideicomiso en base a aportes de los evasores, a quienes se les ofrece la posibilidad de formalizar esos capitales ocultos a cambio de una multa del 20% de sus bienes totales, a pagar en dólares. Pasados los seis meses de la puesta en vigencia de la ley, la sanción pasa a ser del 35%. .
Para alcanzar el número mágico de 129 votos, el oficialismo deberá sumar 11 votos adicionales en el caso de que la totalidad de sus representantes en la Cámara baja estén presentes en la sesión y voten alineados. La cuenta no parece fácil. Aspiran a conseguir los votos de los diputados rionegrinos Luis Di Giácomo y Domingo del bloque Juntos Somos Río Negro, pero hay dudas sobre lo que harían los habituales aliados del Frente de la Concordia Diego Sartori y Carlos Fernández, ya que en el Senado se ausentó a la sesión la senadora del mismo espacio político Magdalena Solari Quintana. .
Pese a la impronta «antifuga» que coincide con el relato de la izquierda, los diputados del FIT no acompañarían la iniciativa oficialista porque consideran que al aprobar ese proyecto se estaría convalidando el acuerdo con el FMI, que consideran «ilegal» a raíz de una deuda de origen contraída por Macri que también tildan de «ilegal».
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Impuesto a la renta inesperada.
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El presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, abandonó la Casa Rosada el jueves pasado con la instrucción de activar esta misma semana (corta por el feriado de este lunes) el debate de la ley para gravar la Renta Inesperada.
En el entorno del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, dejaron trascender su poco entusiasmo con apurar este tratamiento, al advertir que no están asegurados los votos. El interbloque Federal, como en tantas otras votaciones, tiene la llave para aprobar o rechazar la media sanción, como en tantos otros debates.
El Frente de Izquierda, con sus cuatro integrantes, reclama que se agreguen asignaciones específicas para garantizar que lo recaudado no va a ir a parar al pago de la deuda con el FMI.
El proyecto propone la modificación excepcional de la ley que regula el Impuesto a las Ganancias, sumando una alícuota adicional del 15% que se cobrará, por única vez, sobre aquellas actividades que hayan registrado una renta inesperada producto de la suba de los precios en el nuevo contexto internacional signado por la guerra entre Ucrania y Rusia.
Los sujetos alcanzados serán las empresas con Ganancia Neta Imponible o Ganancia Contable superior a 1.000 millones de pesos y cuya Ganancia Neta Imponible haya crecido en términos reales y que cumplan con una de estas condiciones: margen de ganancia (ganancia contable sobre sus ingresos) en 2022 superior al 10%; y aumento del margen de ganancia en 2022 en relación al 2021 de al menos 20%.
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Compre Argentino.
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Otro dolor de cabeza para el oficialismo es Compre Argentino, que se encuentra paralizado por el «empate» de fuerzas entre el Frente de Todos y la oposición. Se trata de un proyecto que tiene dictamen de mayoría del Frente de Todos, pero que la oposición rechaza al señalar que el sistema propuesto habilita «sobreprecios» en las compras públicas del Estado. La llaman «Compre Caro» porque sostienen que encarece el producto o servicio que contrata el Estado.
Esta iniciativa iba a ser incluida en la sesión del miércoles junto al proyecto de «alivio fiscal» para monotributistas y autónomos, pero no hubo acuerdo y el oficialismo priorizó garantizar el quórum y no poner en riesgo el resto del temario.
La propuesta prevé la ampliación de los márgenes de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas del Estado. El proyecto apunta a que el Estado pueda elegir como proveedora a una empresa nacional a pesar de que los precios ofertados se excedan hasta un determinado tope a las propuestas que puedan realizar compañías extranjeras. Se contempla elevar del 15% al 20% los márgenes de preferencia para mipymes, del 8 al 15% para el resto de las empresas argentinas grandes, y también se incorpora un 12% para empresas extranjeras que estén integradas por capitales nacionales. Por otra parte, la iniciativa del Poder Ejecutivo establece un margen adicional de 3% para empresas con composición mayoritaria de mujeres u otras identidades no binarias.
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Consejo de la Magistratura.
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La reforma del consejo encargado de evaluar, seleccionar y eventualmente remover jueces es otra piedra en el zapato para el Frente de Todos y para el Gobierno nacional. Al igual que la el proyecto que crea el «impuesto a los capitales fugados» tiene media sanción del Senado. Ya hubo varias reuniones de comisión, pero el asunto continúa trabado porque el oficialismo no cuenta con los votos suficientes para aprobarlo en el recinto, al margen de si le alcanzaría previamente para la firma del dictamen del mayoría.
Por lo pronto, contaría con la ayuda de los dos diputados de Juntos Somos Río Negro, a juzgar por la adhesión en el Senado del legislador del mismo partido provincial Alberto Weretilneck. El resto de los votos faltantes es un enigma. .
El proyecto oficialista propone una composición del cuerpo con 17 integrantes, con paridad de género y excluye a miembros de la Corte Suprema. Se prevé además la creación de cuatro regiones federales (AMBA, Norte, Centro y Sur), y cada una de ellas tendrá un representante abogado y otro representante juez en el Consejo de la Magistratura. El resto de los miembros provendrían del Congreso (6 integrantes), del ámbito académico/universitario (dos representantes) y uno designado por el Poder Ejecutivo Nacional. .
Desde la principal coalición opositora no acompañarán el proyecto oficialista, ya que excluye a la Corte Suprema de la presidencia del órgano. Hay un tercer dictamen, el de Graciela Camaño, que podría servir como solución salomónica porque plantea que la Corte debe tener un lugar en el Consejo pero que su presidente (Horacio Rosatti) no puede ser su titular.
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Proyectos de Desarrollo Productivo.
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Además de Compre Argentino, hay una batería de proyectos vinculados a la cartera de Desarrollo Productivo, que ahora quedó en cabeza de Daniel Scioli. La extensión de la promoción de la biotecnología moderna y la nanotecnología, tiene pista libre para avanzar a toda velocidad. De hecho, para mañana está citado un plenario de las comisiones de Industria, Presupuesto y Ciencia.
Quedan en el tintero el proyecto para la promoción automotriz, que entró en agosto y no tuvo por hasta ahora tratamiento, casi un año después. A Alberto Fernández le interesa especialmente esta iniciativa: en el marco de la Cumbre de las Américas estuvo reunido junto a Massa con representantes de General Motors que se comprometieron a invertir 350 de dólares millones en la Argentina.
En febrero pasado, Matías Kulfas envió un proyecto de incentivo a la electromovilidad para alentar la sustitución de vehículos de combustión, con el objetivo de sacarlos de las calles en 2041. No tiene tampoco fecha tentativa de tratamiento.
Sí tiene fecha el proyecto de promoción a la agroindustria presentado por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que estipula beneficios fiscales para inversiones de capital de empresas del campo. El miércoles a las 17 se reúne la comisión de Agricultura y Ganadería con este tema al tope de la agenda.
