La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el organismo que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, pidió el juicio político del fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta por presunto «mal desempeño de sus funciones, negligencia e incompetencia» en causas en las que se investigaba al intendente de Ensenada, Mario Secco, y a sindicalistas de Astillero Río Santiago.
El planteo, que fue acompañado por las legisladoras bonaerenses Susana González y Teresa García, incluye también como causal de remoción «la decisión de no investigar a funcionarios del Gobierno anterior por una malversación de fondos millonaria».
Como medida precautoria, la iniciativa propuso «el apartamiento preventivo del cargo hasta que se resuelva la presentación».
La CPM denunció que «la persecución política del fiscal Condomí Alcorta contra el Intendente Secco no es un episodio aislado. Se inscribe en una política implementada durante la gestión de Cambiemos, para perseguir y presionar a dirigentes y jueces de acuerdo a los intereses políticos del Gobierno».
Así, el organismo enumeró «la persecución contra el juez de garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale, el Fiscal General de Lomas de Zamora Enrique Ferrari o el proceso que terminó con la destitución del juez Luis Arias».
La investigación contra Secco se vincula con el presunto delito de «resistencia a la autoridad» durante una manifestación frente a la Legislatura Provincial.
«Condomí Alcorta, en ese momento a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, actuó a pesar de no tener competencia en el asunto», sostiene la denuncia.
«Los hechos que se le imputan a Secco ocurrieron durante un cuarto intermedio, en un ámbito cerrado y sin televisación, por lo cual el fiscal no tenía cómo tomar conocimiento del hecho para actuar de oficio ante la comisión de un posible delito de acción pública», explica la presentación.
En cuanto a la causa contra sindicalistas de Astilleros Río Santiago, «los medios de pruebas producidos por el fiscal demuestran una intención de direccionar la pesquisa a fin de involucrar directamente a la cúpula de ATE Ensenada» en un ilícito.
Ello, señala la denuncia, con el fin de no investigar una denuncia sobre una presunta defraudación de la conducción de la empresa durante el gobierno de Cambiemos del orden de los 95 millones de dólares.
