La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) rechazó el decreto del Gobierno que le permite a las cooperativas de trabajo acceder a las licitaciones de obra pública.
El Gobierno, a través del decreto 728, resolvió la ampliación de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo e instruyó a los ministerios la integración del Consejo de la Economía Popular y dispuso que el 30 por ciento de la obra pública se licite entre las cooperativas de ese universo social.
La cámara, al rechazar la medida, señaló que el Gobierno alienta una competencia desleal con las empresas al señalar que las cooperativas realizan su actividad en la informalidad.
La entidad afirmó que «la consecuente competencia desleal condenará a la inactividad y a la ruina a numerosas empresas PyMEs constructoras de todo el país, las que trabajan formalmente, pagando impuestos y dando empleo registrado y seguro a sus trabajadores».
En un comunicado CAMARCO afirmó que «comparte la necesidad de la transición de los planes sociales a programas de empleo».
No obstante advirtió que «es un error entender que la apertura de la competencia a organizaciones sociales o cooperativas de trabajo no formales contribuye a una ampliación, íntegra y transparente, de la concurrencia al mercado de la obra pública».
Agregó que la medida «será un incentivo al trabajo informal en fraude a las normas laborales y previsionales vigentes y condenará a las empresas formales que deben atender costos salariales un 54% superiores a los atendidos por una pseudo-cooperativa de trabajo».
«Es la experiencia acumulada que esa figura es usada para cometer un verdadero y generalizado fraude laboral, pues los supuestos cooperativistas no lo son, sino que son trabajadores dependientes encubiertos e informales» indicó CAMARCO que señaló que de esa forma evaden los aportes y contribuciones al sistema de salud y el previsional.
La cámara expresó que «esos trabajadores-pseudo cooperativistas pierden la protección de derechos laborales, ven peligrar su seguridad física en la obra, no acceden a la capacitación en el oficio, y no tiene acceso al fondo de cese laboral, a una jubilación y cobertura de salud, entre otros beneficios de la formalidad laboral postulados por la Organización Internacional del Trabajo».
