El Gobierno oficializó la creación de la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, tal y como data la decisión a través de la Resolución 19/2023, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La unidad responderá a la Subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial de la Secretaria de Seguridad y Política Criminal y tendrá como objetivo detectar y prevenir las manifestaciones de los delitos ambientales que se desarrollen dentro del territorio nacional.
A través de la recolección y sistematización de información de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales sobre los sucesos cometidos en el territorio nacional se detectarán «zonas calientes» para desarrollar indicadores y elaborar informes periódicos que faciliten el trabajo en el ámbito de la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales.
Además, se analizarán «las causas judiciales en materia de delitos ambientales a fin de identificar oportunidades de mejora de los procedimientos».
La ya mencionada mesa estará conducida por el titular de la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales, designado por la secretaria, y por representantes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal; de la Dirección de Investigación de Delitos Federales; de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal; de las direcciones, departamentos y/o áreas especializadas en materia ambiental de las fuerzas federales y de «todo otro personal de entidades estatales, nacionales o provinciales y/u organizaciones de la sociedad civil competentes en la materia cuya invitación se encuentre fundada conforme a la problemática tratada».
Cada Fuerza Policial y de Seguridad Federal designará dos representantes, uno como titular, que deberá tener un rango no inferior a oficial jefe, y otro como suplente.
Los integrantes deberán actuar «sin perjuicio de las tareas propias de sus respectivos cargos, y su designación no implicará el desempeño de funciones superiores ni importará erogación presupuestaria alguna». «La presente medida no implica erogación presupuestaria alguna al Estado», aclara la designación.
En tanto, desde la cartera a cargo de Aníbal Fernández argumentaron: «Los delitos ambientales afectan la preservación, conservación y recuperación de los recursos ambientales y de la diversidad biológica generando un daño que modifica negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos provocando un perjuicio en la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras».
En la misma línea, plantearon: «Es necesario contar con un espacio común de abordaje a la temática delictiva, con el objetivo de delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos ambientales».
«Es necesario, en razón de las problemáticas en cuestión, contar con un espacio común de abordaje a la temática delictiva, con el objetivo de delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos ambientales», concluyeron.
