Uno de los jueces que integra el Tribunal Oral Federal encargado de la Causa Cuadernos le pidió audiencia personal al presidente Javier Milei para explicarle su situación ya que se considera víctima de una persecución y un intento de desplazarlo de sus funciones actuales.
El juez Germán Castelli, quien integra el TOF número siete –al que fue trasladado por decreto durante la gestión de Mauricio Macri- quiere explicarle a Milei «de primera mano» las «aberraciones cometidas por el Consejo de la Magistratura» en su perjuicio.
Castelli es uno de los jueces que, junto con los camaristas federales porteños Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, fueron cuestionados por sus traslados por decreto de un tribunal a otro.
Incluso los tres fueron removidos de sus cargos por una resolución del Consejo de la Magistratura, pero la Corte Suprema los repuso en sus funciones hasta tanto fueran designados –por concurso- los ocupantes definitivos de esos cargos que actualmente ocupan.
Castelli llevó el caso incluso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que actualmente lo tiene en tratamiento y pidió informes a la Argentina.
Durante el fin de semana largo y enterado de que el concurso para ocupar su cargo en el tribunal oral de la Causa Cuadernos será tratado este miércoles durante una reunión de la Comisión de Selección, Castelli recordó que está pendiente un pedido de anulación de esa instancia, que aún no fue resuelto.
Castelli aspira a informar a Milei sobre la «persecución en perjuicio de la independencia de la magistratura».
En ese sentido, advirtió sobre «el propósito de avanzar a como dé lugar en el concurso 479, con el aparente propósito final de desplazar al suscripto ilegalmente -por segunda vez- del cargo que ocupa en el Tribunal Oral Federal N° 7, con la consecuente afectación al principio de juez natural».
«Sería sustraído de los procesos en trámite, muchos de ellos de relevancia nacional e internacional», entre ellos la Causa Cuadernos, subrayó el magistrado.
Castelli explicó que pidió audiencias con otras autoridades del Gobierno, como al jefe de Gabinete, Nicolás Posse; la canciller, Diana Mondino; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y al secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños.
«No he obtenido ningún tipo de respuesta a los pedidos, puntualmente acerca de si se me recibirá o no, a pesar de tratarse de una cuestión de alta sensibilidad en virtud de encontrarse en juego la independencia de la magistratura y será uno de los casos testigo de cómo se parará este Gobierno acerca del tema», abundó.
