Luego de una sesión maratónica, el oficialismo logró aprobar con media sanción en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2023, aunque la oposición frenó su intento para obligar a todos los jueces, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial a pagar el Impuesto a las Ganancias.
Tampoco pudo avanzar con el artículo que habilitaba al Poder Ejecutivo a establecer readecuaciones en las alícuotas de los derechos de exportación del campo.
Con 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones, el proyecto de Presupuesto 2023 quedó aprobado en general, y ahora la discusión pasa al Senado. .
La UCR y Evolución Radical acompañaron en general y plantearon observaciones en la votación en particular. La Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y los diputados liberales ya habían adelantado su voto en contra, en tanto que esta mañana el PRO se abstuvo mayoritariamente en la votación en general.
El proyecto de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo contempla un gasto total de casi 29 billones de pesos, un crecimiento de la economía del 2%, una inflación proyectada del 60%, un tipo de cambio de 218,90 pesos por dólar, y una reducción del déficit fiscal del 2,5 al 1,9 %.
Además, estima un aumento de la inversión del 2,9%, un crecimiento de las exportaciones del 7,1%, y una reducción de la presión tributaria del 0,18%, pasando del 23,95% de este 2022 al 23,77% en 2023.
–El debate– El miembro informante del oficialismo y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, inició la ronda de discursos y negó «rotundamente» que se esté tratando un «presupuesto de ajuste», como denunció el Frente de Izquierda, y como celebró el referente económico de Juntos por el Cambio en Diputados Luciano Laspina (PRO).
Además le pidió a la oposición que sea responsable y no deje al Poder Ejecutivo sin Presupuesto como sucedió el año pasado.
«No se puede volver a dejar al país, no al gobierno, sin esa herramienta que es el presupuesto. Hemos logrado hasta aquí un dictamen de mayoría que entendemos superador y adecuado a los tiempos. Instamos al honorable cuerpo a acompañarnos para tener este presupuesto como una herramienta para el trabajo durante el 2023», reclamó.
El economista afirmó que «la inflación prevista del 60% para 2023 es una meta alcanzable», y agregó: «Frente a todos los desafíos que plantea este flagelo inflacionario, la búsqueda de un descenso gradual sin recurrir a un shock antiinflacionario es lo aconsejable porque conocemos los argentinos las consecuencias que tienen los shocks antiinflacionarias y devaluatorios».
A su turno, Itai Hagman (Frente de Todos) reconoció las restricciones fiscales y monetarias a raíz de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, pero destacó que la propuesta oficialista cumple el objetivo de que «el ahorro fiscal no recaiga en ninguna política pública que garantiza en la Argentina derechos fundamentales».
En este sentido, recordó que el programa de «ajuste drástico de la inversión publica» de la oposición «ya se probó en la Argentina y nunca funcionó».
El economista del Frente Patria Grande admitió que una de las «falencias» del programa económico actual tiene que ver con no haber podido lograr que los salarios aumenten acorde a la inflación, y recordó que en todo este tiempo hubo un aumento de las ganancias de las empresas que ensanchó la brecha distributiva con los trabajadores.
«Yo creo que este presupuesto tiene que ser el punto de partida para una política económica que se proponga revertir como primer objetivo en el corto plazo esa situación. Por eso quiero decir que es muy importante que no nos dejemos llevar por los cantos de sirena, que nos quieren convencer que si hacemos los deberes que un sector del poder económico quiere, vamos a conseguir esos resultados. Nunca paso eso en la Argentina», remató.
Laspina, en tanto, destacó -chicana mediante- que «en el marco de una crisis económica y social solo comparable a 2001 y 2002 recibimos el primer presupuesto del kirchnerismo en 20 años en el cual se ejecuta un recorte del gasto público».
«Es una derrota ideológica para el oficialismo y es el principio de una nueva forma de discutir el tratamiento de las cuentas públicas en la Argentina sin teorías indefendibles», lanzó el santafesino que habló de un «final de ciclo».
«Este Presupuesto se queda a mitad de camino porque no prioriza el gasto, gasta en cosas que no debe», consideró, señalando que si bien cumple con las metas del FMI recortando en subsidios a las tarifas, a las universidades y a las provincias, «se queda a mitad de camino» porque no reduce el gasto en burocracia estatal.
«Argentina es un defaulteador serial, no nos podemos dar el lujo de tener déficit fiscal. Ordenar las cuentas públicas es condición necesaria pero no suficiente», dijo.
Víctor Hugo Romero (UCR) planteó reparos respecto del proyecto oficialista, pero garantizó el acompañamiento del radicalismo «para dar una señal de responsabilidad ante la gran incertidumbre que tenemos actualmente y para evitar la discrecionalidad en un año electoral».
«Este presupuesto no define un programa de gobierno, no deja de lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza y cambiar el rumbo que hoy tenemos en la Argentina», lamentó el cordobés, uno de los pocos radicales que contribuyó al quórum.
Por el Frente de izquierda, Nicolás del Caño (PTS) fustigó al Gobierno por impulsar un «presupuesto de ajuste».
«¿No era que venían a llenar la heladera? Hicieron un Presupuesto digno de (Ricardo) López Murphy», le espetó al oficialismo, y agregó: «Todas las fuerzas políticas están de acuerdo con este presupuesto de ajuste del FMI. No JxC sino también sectores del propio FdT que antes corrían a (Martín) Guzmán».
El Frente de Izquierda también rechazó el artículo para que todos los funcionarios del Poder Judicial paguen Ganancias, porque advirtió que bajo ese artilugio no sólo los jueces sino también los empleados de ese sector van a tener que realizar ese tributo.
«El salario no es ganancia», argumentó el legislador del PTS.
La diputada del Partido Obrero Romina del Plá catalogó el presupuesto como «antiobrero» y dijo que es una «estafa monumental para la población».
«Es un cheque en blanco, ficción completa. Esto no se puede acompañar», arrojó la diputada trotskista, y alertó que «una de las cosas que crece enormemente en este presupuesto son los servicios de deuda externa».
«El ajustazo es para sostener un negociado antinacional y antipopular de la deuda y aun así ni siquiera lo resuelve», alertó, a lo que sumó: «O sea que vamos a una situación aún peor».
En nombre de la Coalición Cívica, Paula Oliveto expuso las razones del rechazo de su bloque al proyecto. «De la oposición se espera que controle y denuncia cuando algo está mal y que nos opongamos a un presupuesto que nada tiene que ver con la realidad.
Y no convalidar una ficción que dice que el año que viene va a bajar 40% la inflación», explicó.
«Tampoco nos votaron para avalar suba de impuestos. Y este presupuesto tiene suba de impuestos», añadió la opositora.
Lisandro Nieri (UCR) explicó los motivos del acompañamiento del radicalismo al proyecto. «Lo mejor es que este Gobierno tenga el presupuesto, nosotros no lo vamos a obstruir. Porque son más peligrosos sin presupuesto, tienen más discreción y se victimizan», desarrolló.
Por su parte, la diputada del PRO Silvia Lospennato consideró que «este presupuesto es un buen ejemplo del corporativismo argentino, o de cómo los grupos de poder se apropian de los recursos del Estado para su uso y goce».
«Este es un Presupuesto corporativo que garantice negocios para unos pocos, que carga el ajuste en la clase media y que premia a los amigos del poder», sentenció.
En tanto, el también diputado del PRO Pablo Tonelli despotricó contra el presupuesto al sostener que «es difícil encontrar un mamarracho más grande que este y, encima es una ofensa a la idea de República». .
«Se agregaron una multiplicidad de artículos que nunca se trataron y lo convirtieron (al proyecto de presupuesto) en un bodrio», destacó.
