La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, defendieron hoy ante el Senado el proyecto de Emergencia Covid, que busca darle un marco normativo a las restricciones por la pandemia, en medio del rechazo opositor.
Ante los legisladores, desde Casa Rosada, Vizzotti afirmó que en los últimos días se ha «visto una disminución de contagios en todo el país, pero con tensión en la ocupación de camas», como consecuencia de la disparada de casos de las semanas anteriores.
«Vamos a tener un número alto de fallecimientos en las próximas semana por ese número alto de casos» anterior, sostuvo la ministra.
«Los indicadores tienen una mirada federal», subrayó la titular de la cartera sanitaria.
A su lado, Ibarra advirtió que el Estado no se va a «quedar mirando» sin hacer nada «cuando está muy cerca el desborde».
Sobre el punto de los clases presenciales, Ibarra sostuvo que para «estas cosas tan complejas, se puede establecer el diálogo» con las jurisdicciones, pero se fija una «consulta previa, que no es acuerdo previo».
«Es para poder escucharnos. Se establece mencionar esa vocación de escucharnos y conversar. El gobernador tiene un ámbito para tomar medidas y cuando el Poder Ejecutivo va a adoptarlas en forma adicional, si no dieron resultado las anteriores, siempre creemos que parece prudente la consulta, el diálogo con las jurisdicciones», subrayó la secretaria, aunque aclaró: «No se requiere acuerdo, no se requiere conformidad».
Ibarra se refirió a una pregunta que le hizo el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, sobre si la «consulta previa» en el caso de las clases era «vinculante».
«No se puede pensar que el estado nacional se quede mirando cuando se está muy cerca del desborde», expresó Ibarra.
Y agregó: «Las clases presenciales en las zonas de alarma, la presencialidad, se establece por ley, no por disposición del Poder Ejecutivo para bajar la cantidad de contagios».
Juntos por el Cambio volvió a expresar su rechazo y reclamó la exposición de médicos y abogados constitucionalistas.
«Es cierto que estamos en una situación epidemiológica crítica, pero el PEN lleva más de un año administrando por DNU la pandemia.
Existió tiempo suficiente para discutir una ley», resaltó Naidenoff.
«Ameritaba una discusión mucho más amplia. La ley se conoció en las últimas horas y de acá al 21 (de mayo) no es la urgencia de un decreto que fenece», cuestionó el formoseño, al hacer referencia a la intención del Frente de Todos de sancionar la ley antes de ese día.
La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, respondió: «Ustedes también podrían haber presentado un proyecto de ley, eso no ha ocurrido, no han presentado ningún proyecto de ley que regule el marco sanitario».
«Venimos a trabajar una ley que nos permita tener un marco previsible para gobernadores, ciudadanos, para quienes ejercen el comercio, trabajan, estudian, puedan tener márgenes de previsibilidad», señaló Ibarra.
«Estamos planteando un proyecto de ley basado en una obligación del Estado de preservar la vida, preservar muchos derechos», indicó.
Sobre eventuales cambios, Ibarra afirmó que tomarán «todo lo que sea razonable», al tiempo que señaló que tiene el teléfono abierto para los legisladores.
«Todo lo que sea razonable vamos a receptarlo en la normativa, iremos analizando los pedidos. Lo que queremos sostener es un proyecto que recoja la adecuación a la gravedad de la situación», subrayó la funcionaria.
La discusión continuará en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud con expositores y luego se procederá a la firma del dictamen.