El cese de comercialización de carne que impulsó la Mesa de Enlace finalizará a las 24:00 de este miércoles, pero las entidades agropecuarias anticiparon que seguirán reclamando al Gobierno que anule su decisión de suspender las exportaciones de ese producto.
La medida de fuerza comenzó el 17 de mayo último, a raíz de que el Poder Ejecutivo dispuso la suspensión de las exportaciones de carne por 30 días, en busca de lograr una reducción de precios en el mercado interno.
Pero Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Coninagro -entidades que conforman la Mesa de Enlcace- rechazaron enfáticamente la decisión oficial y lanzaron una protesta de 9 días, que luego se extendió por 5 días más.
Para los dirigentes del campo, el cese de comercialización fue contundente y logró un alto nivel de adhesión: el Mercado de Hacienda de Liniers estuvo vacío durante gran parte de la protesta.
Además, la Mesa de Enlace cuestionó al Gobierno por no establecer un diálogo con los dirigentes de ese sector, y sí, en cambio, con el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC), entidad que realizó una propuesta para que haya un mayor volumen de carne en el mercado interno a precios «accesibles».
El presidente de ABC, Mario Ravettino, comentó que esa propuesta busca revertir la suspensión temporaria de las exportaciones antes del plazo de 30 días; hacia mediano y largo plazo, apunta a incentivar la producción y aumentar el stock vacuno.
«Pedimos una convocatoria amplia a los integrantes de la cadena, con representatividad para que se involucre cada uno en su sector. Ojalá podamos abocarnos a estos temas», enfatizó el dirigente en declaraciones periodísticas.
Esta semana, el flamante presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, dijo que la suspensión de exportaciones de carne «es una medida malísima. El Estado tiene las herramientas para atender la circunstancial suba de los precios en el mercado interno, pero no pueden cerrar las exportaciones como lo hicieron», se quejó el dirigente.
Según Pino, la «excusa» a la que recurrió el Gobierno para tomar esta decisión «es que hay cuatro o cinco plantas que evadían. Pero el Estado tiene un montón de herramientas para controlar».
«El humor de la gente del campo no es bueno. Esto se puede llegar a complicar. Hay algunos sectores que están pidiendo ser más firmes con las decisiones», advirtió el dirigente en diálogo con radio Rivadavia.
