El presidente Alberto Fernández convocará en los próximos días a sesiones extraordinarias del Congreso con una extensa agenda de temas en la cual podría incluir el Consenso Fiscal 2022 que firmaron todas las provincias menos la Ciudad de Buenos Aires y que abrió un debate interno en la oposición.
El temario de la convocatoria que Fernández firmará luego de que concluya la prórroga de las sesiones ordinarias el 31 de diciembre incluirá proyectos como la nueva ley de hidrocarburos, la ley agroindustrial, la de compre argentino y la de electromovilidad.
Todos esos temas ya habían sido mencionados por el Presidente semanas atrás como parte de la agenda pero en las últimas horas se agregó el Consenso Fiscal 2022, que «seguramente va a estar entre los principales temas a tratar», según deslizaron a Noticias Argentinas fuentes del Gobierno.
En caso de ser puesto a consideración durante el período extraordinario, el Consenso Fiscal pondrá a Juntos por el Cambio ante un debate incómodo, dado que los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza) adhirieron y Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires) no.
Si bien los cuatro acordaron que no subirán impuestos -algo que el Consenso Fiscal les permite a todos los gobernadores y que Juntos por el Cambio rechaza- la diferencia entre los mandatarios opositores obligó a que se reunieran para acercar posiciones y coordinar una explicación pública.
El otro tema que podría figurar en la convocatoria a extraordinarias es la reforma del Consejo de la Magistratura, una iniciativa que ahora reclama la Corte Suprema de Justicia con un fallo que generó malestar entre los diputados y senadores del oficialismo y de la oposición, según supo este medio.
La Corte declaró inconstitucional la ley de 2006 que determinó la conformación actual del organismo que selecciona y disciplina a los jueces y exhortó al Congreso a sancionar una nueva norma, algo que en la Cámara baja y en el Senado ven «muy difícil» de hacer en el plazo que pretende el máximo tribunal.
El fallo ordenó que, mientras no haya una nueva norma, el Consejo tiene 120 días corridos para volver a funcionar con la integración anterior, de 20 miembros encabezados por el presidente de la Corte.
Ante las dificultades de reorganizar su integración con nuevos representantes de los jueces, los abogados y los legisladores nacionales, el Consejo de la Magistratura decidió remarcarle al Congreso la necesidad de avanzar lo antes posible con una nueva ley y le pidió al Ejecutivo que incorpore el tema en extraordinarias.
Si bien en el Senado ya hay un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura enviado a principios de diciembre por el Poder Ejecutivo, una fuente del bloque oficialista indicó a NA que «incluso si se lograra aprobar, probablemente se trabe en Diputados», debido al clima tenso que quedó luego de la pelea por el Presupuesto y por los cambios en Bienes Personales.
La fuentes consultadas señalaron la dificultad para obtener consensos en torno a una ley de esas características en el contexto político actual, donde nadie tiene una mayoría clara, y en un plazo tan corto.
Esto mismo pone en duda casi todos los proyectos que promueve el Poder Ejecutivo, por lo que en la Casa Rosada no descartan que finalmente el Congreso trate pocos de los temas que se incluyan en la convocatoria, al tiempo que recuerdan que eso ya ocurrió el año pasado.
