Apenas se comenzó a conocer la idea del Gobierno de imponer un impuesto a la «renta inesperada» el mundo empresario se comenzó a movilizar.
La posibilidad de que este nuevo tributo tomara forma no cayó nada bien entre los industriales y, más allá de las estrategias que se trazaron tanto dentro de cada firma, también pusieron el foco en el Congreso, donde estará el debate central de esta iniciativa.
Es que al tratarse de un tema impositivo, este proyecto – como cualquier otro que tenga que ver con lo tributario- debe pasar por el Congreso, y hacia allí se dirigieron los empresarios.
Según confiaron varias fuentes consultadas por NA, el lunes de esta semana se comenzaron a suceder los primeros contactos entre privados y miembros del Congreso, con el claro objetivo de alinear posiciones y evitar que lo que se espera sea un proyecto oficial no corra con suerte y quede en la nada.
«Hace no demasiado tuvimos el nuevo impuesto a la riqueza, que es cierto que iba contra las personas y no contra las empresas, pero ahora le quieren sumar este nuevo tributo. El argumento de la ganancia inesperada no tiene sentido; está agarrado de cualquier lado», sostuvo un integrante de la Unión Industrial Argentina (UIA).
A tono con esto, los empresarios salieron en busca del apoyo de los legisladores de la oposición, algo que encontraron incluso antes de recorrer ese camino.
Luciano Laspina, diputado por Propuesta Republicana, es uno de los que ya levanta la voz en contra de la creación de este nuevo impuesto.
«Lo que hay que hacer es bajar la carga impositiva y modificar su estructura, que en anti empleo. En la Argentina ya existe el impuesto a la renta extraordinaria, que es el impuesto a las Ganancias», se quejó el diputado, al tiempo que sostuvo que se sumará a los legisladores que no den su visto bueno en el Congreso a esta iniciativa.
Las fuentes industriales consultadas admitieron que, si bien no hay previstos encuentros formales en este sentido, durante estos días sí se sucederán conversaciones para terminar de alinear posturas.
De hecho, durante las últimas horas hubo intercambios entre las partes y se coincidió en que la postura no se debe aceptar, incluso en caso de que el Gobierno intente llevar adelante algún tipo de diálogo en este sentido.
En este sentido, algunas fuentes apuntan que dentro de las reuniones previstas para la semana que viene –que en principio tienen como objetivo central la discusión paritaria- también se intente poner sobre la mesa el nuevo impuesto, con la intención de ir tanteando el terreno, de cara al armado del proyecto.
«No podemos aceptar ningún proyecto que vaya en este sentido.
Sobre todo porque en las reuniones que tenemos con el Gobierno siempre se habla de mejorar la capacidad productiva y apuntalar la toma de personal, pero con esto no haríamos más que ir exactamente en contra de esas ideas», sostuvieron desde la UIA, y se quejaron que «siempre se busca por el mismo lado».
Esta intención inicial de lograr que el proyecto avance con el mayor consenso posible tuvo el lunes pasado un primer efecto.
La clara postura empresaria en contra de la iniciativa oficial no pasó inadvertida para los funcionarios, por lo que se debió modificar la pauta prevista para los anuncios.
El proyecto del impuesto a la «renta inesperada» tendría en los anuncios que protagonizaron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, prácticamente el mismo protagonismo que los anuncios de los bonos a trabajadores y jubilados.
Sin embargo, Guzmán puso paños fríos a esa situación, y simplemente se anunció que se avanzaría en ese sentido, aunque se decidió frenar la búsqueda de su implementación en lo inmediato.
Ahora, y como primer paso, se buscará llegar a un acercamiento con los empresarios, algo que no parece posible, aunque no se puede descartar que en el «toma y daca» de las negociaciones algo se consiga a cambio.
Al mismo punto deberán llegar con la oposición, que ya hizo explícita su negativa al acuerdo.
Lo que sí está claro es que de alguna forma u otra el Gobierno deberá poner en marcha este impuesto, ya que resulta clave para financiar los bonos anunciados, que demandarán al Estado un desembolso de nada menos que $ 200.000 millones.
Según lo anunciado, las compañías que quedarían obligadas a pagar este impuesto serían aquellas que tuvieron en lo que va del año una ganancia superior a los $1.000 millones (u$s 8,8 millones al cambio oficial), pero que además hayan tenido una rentabilidad en términos reales mucho mayor a la que tuvieron en 2021 y un margen de ganancias «muy elevado».